Francisco Javier Guerrero es excesivo. El proceso de los ERE ha sido largo y farragoso. La sentencia, extensísima, es infumable. Y el ex director general de Trabajo ha protagonizado episodios entre chuscos y grotescos que han quedado grabados a fuego en el imaginario colectivo. En una entrevista en La Sexta negó que consumiera cocaína o hachís con nadie, aunque su chófer aseguró que llegó a gastar más de 20.000 euros al mes, procedentes de fondos públicos, en droga para él y su jefe. El Mundo refirió una conversación con un empresario de la Sierra Norte de Sevilla al que le garantizó que recibiría 36.000 euros para unas reformas en sus instalaciones “por mis cojones”.
Pero Francisco Javier Guerrero dio las claves del escándalo de los ERE en su declaración en fase de instrucción el 7 de marzo de 2012 que recoge la sentencia del macrojuicio. “En Santana Motor (...) había que despedir a 600 personas y también había que reubicar a 400 (...). En la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación que lo mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor. Pero es que también estaban apuntando el tema de Astilleros, la Bahía de Cádiz e incluso la Faja Pirítica de Huelva (...). Había que dotarse de un sistema operativo con los propios medios de la Consejería de Empleo pues era una preocupación de la Junta (...) el mantenimiento de la paz social”. E insistió al respecto cuando le preguntaron “por qué la Junta impulsó la idea de que iba a asumir el coste de las prejubilaciones de los trabajadores despedidos colectivamente en las empresas, cuando ello es una obligación del propio empresario”. Guerrero respondió que el Gobierno socialista “implantó el criterio con carácter general, y sin hacer distinciones, previa la concertación social”.
Efectivamente, la paz social aparece como objetivo prioritario en el convenio marco de 2001 que institucionalizó el sistema fraudulento que, además de ser ilegal, no sirvió para mantener puestos de trabajo ni empresas abiertas, pese a destinar 690 millones de euros a ello. Cádiz puede dar buena cuenta de ello. Una empresa de la provincia, Jerez Industrial SA, es una de las primeras beneficiadas. La firma de artes gráficas aparece en el origen del fraude junto a Hijos de Andrés Molina SA (Hamsa) y la planta de automoción en Linares. Jerez Industrial SA recibió de parte de la Junta más de 600 millones de las antiguas pesetas a finales de los noventa para prejubilaciones. Pero la empresa, que llegó a emplear en el conjunto de su entramado societario a un millar de trabajadores, echó el cierre definitivo hace 20 años.
A partir de entonces, y entre las sociedades gaditanas que aparecen en la sentencia, destacan dos, una por su vinculación al PSOE, y otra por la frustración social que generó. Gálvez Peluqueros, cuyo administrador fue Antonio Jesús Sánchez Mejías, secretario provincial de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Salud, está incluido en la relación de ayudas a revisar de oficio, con algo más de un millón de euros, al que habría que sumar otros 4,4 millones de euros en subvenciones para formación e incentivos para la contratación, según denunció el PP. Hoy, Gálvez Peluqueros es también pretérito imperfecto. Por su parte, Delphi, que dejó en la calle a casi 1.600 trabajadores y otros 1.300 de la industria auxiliar, recibió 62 millones de euros en subvenciones en 20 años y, tras su marcha, la Junta pactó con los sindicatos un plan de formación con 105 millones que benefició a otro ex dirigente socialista, Ángel Ojeda, con 33 millones, y que registró, igualmente, irregularidades, dado que se consideraba trabajadores a los desempleados solo por asistir a los cursos.
El sistema ilegal estuvo marcado por un descontrol absoluto, incapaz de frenar el paro. En Cádiz, la tasa de desempleo se disparó del 20,79% al 32,52% en diez años. Y también estuvo marcado por su discrecionalidad. Si bien es cierto que la sentencia no se ocupa de los 196 intrusos, sí advierte de que los expedientes son un auténtico desastre y señala, por otro lado, que no existían bases reguladoras, ni convocatoria pública para la concesión y, “al no registrarse en la base de datos de subvenciones, ni ser objeto de publicación en el BOJA, las demas empresas en iguales circunstancias se vieron obligadas a despedir a todos o parte de sus trabajadores” sin poder recibir estas ayudas. En Andalucía, entre 2001 y 2011, se vieron afectados por ERE 9.461 empresas y 120.829 trabajadores. En la provincia se registraron, en este periodo, más de 21.100 empleados. Estos datos contrastan con las cifras del sistema fraudulento puesto en marcha: solo 77 empresas se beneficiaron de las ayudas sociolaborales y unas 200 obtuvieron ayudas a empresas en crisis.
Guerrero, entre episodio chusco y grotesco, dio todas las claves. “¿Se cercioró usted a través de la documentación económica de cada empresa, antes de concederle la ayuda sociolaboral, que la misma no podía hacer frente a tales prejubilaciones?”. “Se intentaba ver la situación de la empresa, (...) pero no era un elemento a tener en cuenta”, admitió en 2012. Lo sucedido desde la fecha y estas palabras forma parte ya de la historia negra de la provincia y Andalucía.
Ferias de empleo
La sentencia de los ERE da por hecho que, “a pesar de no estar previsto en la ficha presupuestaria del programa 31L”, la Consejería de Empleo utilizó fondos destinados para las ayudas sociolaborales para empresas y las ayudas para empresas en crisis “para fines completamente ajenos”. En concreto, cita la finaciación de 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo en diversos municipios, entre los que están incluidos los de Chiclana y La Barca.
Pero el Gobierno andaluz también pagó campañas de comunicación sobre fomento de empleo y divulgación del Servicio Andaluz de Empleo; gastyos derivados de la cesión al servicio 112 de dependencias correspondientes al edificio del pabellón de Italia en Sevilla; el programa de formación del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo en Almería; campañas de divulgación en materia de prevención de riesgos laborales; parte de la subida salarial de los trabajadores de las empresas FCC y Cespa, como consecuencia de un convenio colectivo en el año 2006, que puso fin a una conflictividad laboral de la limpieza pública en la provincia de Granada; y cursos de alta dirección en la Fundación San Telmo.
