El Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha retomado el caso Marismas, relativo a un presunto fraude en una subvención de 40,1 millones para modernizar los regadíos del Guadalquivir, con la citación de cinco investigados más, entre ellos el actual secretario general del PSOE de Almería.
De acuerdo con un auto fechado el pasado 6 de noviembre, según adelantó Abc y han confirmado a Efe fuentes del caso, uno de los citados es José Luis Sánchez Teruel, actual parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Almería, así como exjefe de gabinete de la Consejería de Medio Ambiente y ex director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura.
Según recogió la Guardia Civil en su atestado, "no hay la menor duda" de que Teruel "presionó a la Junta de Gobierno" de la comunidad de regantes y a funcionarios "con el único objetivo de conseguir una resolución" que favoreciese a la unión temporal de empresas (UTE) Befesa-Alpi, adjudicataria final del proyecto pese a ocupar la décima plaza en una primera criba.
También pasa a tener la condición de investigado Salvador Cejudo, exjefe de la Oficina de Supervisión y Proyectos de la misma Dirección General.
Los otros tres investigados llamados a declarar por el juez Juan Gutiérrez son responsables de Befesa, que en 2008 ganó el contrato para ejecutar las canalizaciones entre Dos Hermanas y Lebrija después de que en primera instancia ganase la UTE formada por Teconsa, Elecnor, Meci y Tegner.
El instructor también ha reclamado la documentación sobre las doce empresas que se presentaron al concurso, ya que además del fraude investiga un posible amaño de esa convocatoria pública.
La Junta aprobó en 2004 una subvención de 40,1 millones de euros con cargo a los fondos europeos para un proyecto cifrado en 66 millones y estableció que el dinero restante sería aportado por la comunidad de regantes, pero no comprobó su solvencia, de modo que la iniciativa se licitó sin que la ejecución de la obra estuviese garantizada, según la Fiscalía.
El juez tomó declaración en junio de 2015 a los primeros 21 investigados, entre ellos Francisco Ruiz Orta, ex director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura, y Carlos Javier Rodríguez Pérez y Manuel Antonio Cruz-Guzmán, exjefes de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales.
También comparecieron entonces Julián Martín Jorreto, exjefe de Promoción Rural, y Tomás Martínez Jiménez, ex director general de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura, así como ocho miembros de la mesa de contratación de los regantes y siete representantes de las UTE que participaron en el concurso.
En enero de 2016 se sumó a la lista de investigados un interventor delegado de la Consejería de Agricultura "por su participación en el pago de la subvención correspondiente a la primera certificación" de las obras, por un importe de 4,2 millones, "desobedeciendo por completo el procedimiento establecido para la autorización de dicho pago", según el instructor.
La Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) también apreció en diciembre de 2014 indicios de delito en algunas actuaciones de la Junta respecto a este proyecto, cofinanciado con fondos europeos.
El juez y la Fiscalía consideran que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público, prevaricación y malversación.
