La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Sevilla, María Isabel Solís, ha visitado las tierras, cooperativas e instalaciones en las que vienen desarrollando sus actividades agroindustriales las entidades constituidas en los años 90 para trabajar las cerca de 1.200 hectáreas de la finca 'El Humoso', ubicada en el término municipal de Écija (Sevilla), tras la extinción del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA).
En concreto, las tierras de 'El Humoso' las cultivan los integrantes de ocho cooperativas de primer grado de la localidad vecina de Marinaleda: 'Los Moledores', 'Hierbabuena', 'El Ciervo', 'Camilo Cienfuegos', 'Los Jornaleros', 'Los Compañeros', 'Domingos Rojos' y 'Tierra, Trabajo y Libertad'. Estas entidades se han unido, a su vez, en otra cooperativa de segundo grado a través de la que comercializan sus productos agroalimentarios, según ha informado la Junta en un comunicado.
María Isabel Solís, que ya había mantenido anteriormente un encuentro en la capital sevillana con representantes de estas entidades, ha recalcado el "compromiso y la sensibilidad" de la Junta con los vecinos de Marinaleda que actualmente llevan a cabo la labor productiva de esta finca. Al respecto, la delegada ha apuntado que "el actual Gobierno andaluz va a trabajar, desde sus competencias, para que estas tierras continúen aportando beneficios a los ciudadanos del municipio".
En cuanto a la posibilidad del cambio de titularidad de la finca, la delegada ha recordado que la explotación de 'El Humoso' debe continuar persiguiendo "fines sociales" y que "la única posibilidad de mantener el uso de las tierras es la adquisición de las fincas mediante su compra, ya que así se establece en el marco normativo vigente". En concreto, la normativa aplicable a esta transacción son la Ley de 2011 relativa a la Reordenación del Sector Público de Andalucía y las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma andaluza de 2014 y 2015.
Para acogerse a esta posibilidad, los actuales concesionarios de uso de las tierras podrían beneficiarse de los incentivos que se recogen en la reglamentación en vigor, donde se establece tanto el método para calcular el valor de la enajenación de las tierras como la posibilidad de acogerse a una reducción de este coste hasta en un 65 por ciento. Este porcentaje se establecería en función de diversos criterios entre los que se encuentra la generación de empleo y esfuerzo inversor por parte de quienes trabajan los terrenos en el presente.
