La tasa de reposición cero de funcionarios que para reducir el déficit público tras el estallido de la crisis decretó el Gobierno de Rajoy (PP) ha provocado que al Ayuntamiento de Sevilla le haya sorprendido la crisis alimentaria de la listeriosis con tan sólo el 61% de la plantilla de inspectores de Consumo operativa, ya que de las veintitrés plazas existentes hay nueve que no se han podido cubrir aún. Sí se mantiene al completo la del Laboratorio Municipal y, por otra parte, hay trece inspectores veterinarios, casi el doble que en Málaga.
Hace unos días, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, alertó, con motivo de la listeriosis provocada por la carne mechada contaminada elaborada por la empresa Magrudis, de que el Servicio de Salud y Consumo del Ayuntamiento, encargado de las inspecciones, está reducido “a la mínima expresión”, con tan sólo trece inspectores. Según Pérez, suponen una ratio de uno por cada 54.000 habitantes, cuando la media de la provincia es de uno por cada 8.000.
En realidad son catorce, no trece, los inspectores existentes de una plantilla máxima posible de veintitrés, número que se ha visto reducido en un 39% por un detalle que se le olvidó citar al portavoz del PP: la tasa de reposición cero que decretó el Gobierno de Rajoy durante la crisis económica y que al seguir vigente ha impedido al Ayuntamiento de Sevilla, tanto en tiempos de Zoido como de Espadas, cubrir las vacantes que se han ido produciendo. Actualmente son nueve las plazas sin cubrir.
Donde no hay vacantes es en el Laboratorio Municipal, cuya plantilla se mantiene en doce personas y que en contra de las acusaciones iniciales de la Junta de Andalucía sobre su supuesta falta de colaboración y suministro de información “a cuenta gotas”, en realidad ha suplido la falta de recursos de aquélla al realizarle los análisis de la carne mechada y de otros productos cárnicos pese a no tener ninguna obligación legal para ello, ya que no está vigente el convenio regulador que se firmó en su día.
Sin convenio
En el año 2015, siendo Juan Ignacio Zoido alcalde de Sevilla, el Consistorio firmó con la Junta de Andalucía un convenio de colaboración para el desarrollo de las competencias autonómicas en materia de salud, al carecer el Gobierno autónomo de un laboratorio autorizado en la provincia para el análisis de sus muestras.
El convenio estuvo vigente durante dos años y se prorrogó hasta 2018, pero no se renovó para el actual año en curso, 2019, justo en el que ha estallado la crisis alimentaria por la listeriosis. Pese a no estar obligado por acuerdo alguno y aun quedando por tanto fuera de sus competencias, el Laboratorio Municipal, en aras del interés general de los ciudadanos, ha mantenido la línea de colaboración con la Junta y ha realizado los análisis solicitados por el Gobierno autónomo.
Las muestras
La Consejería de Salud remitió al Laboratorio Municipal la primera muestra de carne mechada tomada en un municipio de la provincia, ni siquiera en la ciudad de Sevilla, y además otra muestra que pertenecía a una empresa radicada en otra provincia andaluza. Asimismo, el Laboratorio del Ayuntamiento también ha mantenido su colaboración en el control sanitario de los alimentos que se sirven en los comedores escolares de la ciudad pese a estar fuera de sus competencias.
Por otra parte, el Ayuntamiento cuenta con un cuerpo compuesto por trece inspectores veterinarios (a título comparativo, Málaga tiene siete, adscritos a Consumo), singularidad mantenida de forma excepcional pese a que en 1981 se transfirieron a la Junta de Andalucía las competencias en sanidad.
De esta manera, la primera autorización y revisión inicial de un establecimiento alimentario la realiza la Consejería de Salud, y la inspección posterior la lleva a cabo el equipo de veterinarios del Ayuntamiento. Este modo de actuación es el que se siguió también para la empresa Magrudis, fabricante de la carne mechada contaminada por la bacteria de la listeria.
