El coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha anunciado que la coalición de izquierdas volverá en el próximo mes de septiembre a Bruselas para conocer qué medidas se han desarrollado para proteger el Parque Natural de Doñana tras el informe final que aprobó la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, al tiempo que ha urgido al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que adopte las decisiones pertinentes en este sentido.
En una entrevista con Europa Press, Valero ha asegurado que proteger Doñana es "una preocupación de primer orden" para IU y para Adelante Andalucía, por eso, a raíz del informe que elaboró la Unión Europea (UE), "toca seguir dando pasos y en septiembre iremos a Bruselas para ver en qué medida se ha ido desarrollando lo que planteaba ese documento".
Igualmente, ha exigido al jefe del Ejecutivo andaluz que tome medidas en la línea de lo que plantean las instituciones europeas, esto es "acabar con los pozos ilegales que desecan los acuíferos, de los que depende la vida de Doñana, y paralizar el proyecto de Gas Natural, que pone en riesgo el Parque Natural".
Tras lamentar que no se ha puesto en marcha la comisión bilateral que reclamó IU entre el Gobierno andaluz y el Ejecutivo central, Valero ha asegurado que desde su formación seguirán presionando "porque la Junta, con su presidente a la cabeza, tiene que ser consecuente con lo que dice la UE".
"Hay que salvar Doñana porque está en riesgo sus supervivencia y es necesario que Juanma Moreno dé pasos adelante en este sentido", ha insistido el coordinador general de la coalición de izquierdas.
EL INFORME
IULV-CA lleva desde hace años defendiendo en Bruselas la necesaria protección del Parque Natural de Doñana, que llevó al anterior coordinador general, Antonio Maíllo, a ser peticionario en el Parlamento Europeo para exponer la necesidad de que la Comisión de Peticiones hiciera un informe al respecto y del que se derivó la visita que propició el dictamen.
Así, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó en marzo, por 17 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, el informe elaborado tras la visita que una delegación parlamentaria realizó al Parque de Doñana en septiembre de 2018. El informe aprobado solicita, entre otros asuntos, el cierre inmediato de los pozos ilegales de la zona y que se "detengan lo pasos" del proyecto para almacenamiento de gas en el subsuelo.
También reclama "a las autoridades nacionales, regionales y locales, y a la Autoridad del Agua del Guadalquivir, que continúen trabajando juntos y fomenten el cierre de todos los pozos ilegales y que detengan de inmediato la extracción ilegal de agua existente". Pide además "la apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios de estas infraestructuras".
También se solicita "una purificación más efectiva del agua que fluye hacia Doñana y que se reduzca la contaminación generalizada de la agricultura y el origen industrial". Señala que "no toda la agricultura en el área de Huelva es una amenaza para el Parque Natural de Doñana, sino la extracción ilegal e incontrolada de agua y un control continuo del agua que fluye hacia Doñana".
Con todo, el informe recomienda a todas las autoridades responsables que "trabajen juntas" para "suspender inmediatamente todos los permisos otorgados hasta que se resuelvan todas las irregularidades detectadas en la Evaluación de Impacto Ambiental.
Los diputados señalan su "profunda preocupación" ya que se aprobó una autorización parcial para desarrollar un proyecto privado para almacenar gas en el subsuelo de Doñana "sin solicitar una evaluación de impacto ambiental completa y holística que incluyera una evaluación sísmica y una evaluación de impacto combinada".
Recuerda además que "el proyecto no puede dividirse en cuatro subproyectos diferentes para evitar evaluar su impacto combinado". También se pide a la Comisión Europea "que evalúe todo el expediente e informe por escrito sobre la idoneidad de las evaluaciones de impacto ambiental".
Además, en otro párrafo solicitan "la retirada provisional de estos trabajos y que se detengan inmediatamente los pasos en el proyecto de gas para garantizar el respeto de los principios de prevención y precaución de la UE". Sugiere "que se tomen las medidas legales necesarias para poner fin a todo el Proyecto Marismas".
