El juez del caso Gürtel, José de la Mata, ha rechazado la petición de la Fiscalía de reabrir una investigación a la exalcaldesa de Jerez y diputada del PP recientemente reelegida, María José García Pelayo, al encontrase en el Supremo la causa abierta en su día contra ella, por lo que él, según argumenta, no sería competente.
En un auto, fechado el 16 de mayo y al que ha tenido acceso Efe, el juez rechaza el recurso de reforma que interpuso la Fiscalía Anticorrupción contra su primera negativa de reabrir esta investigación, solicitud que le fue formulada el 10 de abril, cuando García Pelayo había dejado de estar aforada.
Según el juez, "no es posible para el instructor pronunciarse sobre la reapertura de la causa respecto a García Pelayo, como inicialmente pedía la Fiscalía, porque la competencia para conocer de la misma fue asumida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, formalmente la mantiene mientras no decline".
Esto es así "por más que García Pelayo" no estuviera en ese momento aforada, señala De la Mata, al recordar que él se inhibió en su día de este caso al Supremo, "perdiendo la competencia para conocer del mismo desde el instante en que la Sala Segunda aceptó",.
La solicitud de la Fiscalía se basa en un escrito de Isabel Jordán, exadministradora de varias empresas de la trama Gürtel y condenada en dos de las causas ya juzgadas, en el que aporta indicios de que García Pelayo conocía la adjudicación de contratos a la red de Francisco Correa antes de que se tramitaran los correspondientes expedientes.
En su recurso, la Fiscalía expuso que cuando se cursó la petición, días antes de las pasadas elecciones generales, García Pelayo aún no era aforada, a lo que añadía que en las causa por prevaricación "todos los partícipes deben ser enjuiciados conjuntamente", además de la concurrencia de nuevos indicios.
Para el juez, es equivocada la consideración de la Fiscalía de que la perdida del aforamiento se traduzca en "una suerte de pérdida automática de la competencia por parte del Tribunal Supremo, y la recuperación instántanea de la recuperación de la competencia por parte del órgano judicial origen del procedimiento".
"No puede admitirse la tesis de que un juzgado de instrucción, que se ha inhibido en favor de otro órgano judicial (...) tenga la potestad de recuperar unilateralmente la competencia para conocer de este asunto por sí y ante sí, cuando le parezca oportuno, conveniente o necesario", insiste De la Mata.
Por ello entiende que es al Supremo "a quien corresponde adoptar cualquier decisión sobre la misma, incluso para constatar que ya no le corresponde el conocimiento del asunto (por ejemplo, por pérdida de la condición de aforado de la persona investigada), y acordar su remisión al órgano judicial que estime competente".
En cuanto a la alegación de la Fiscalía de que lo que había interpuesto es una denuncia y que el juez, al declararse incompetente, lo que debió hacer es dirigirse al Supremo, inhibiéndose a su favor mediante exposición razonada, De la Mata responde que eso solo puede hacerlo "cuando existan indicios de responsabilidad".
"La Fiscalía plantea pues, una misión imposible: pretende que el instructor, que no tiene competencia sobre el asunto, dirija una Exposición Razonada a la Sala Segunda", lamenta.
Para ello, "sería necesario realizar una investigación previa sobre la concurrencia de los nuevos indicios que la Fiscalía anuncia", tarea que De la Mata dice que no puede emprender "justo" porque no es competente para ello.
De la Mata rechaza además que el escrito de la Fiscalía pueda calificarse de denuncia porque no hay "puesta en conocimiento" de nuevos delitos, ya que las irregularidades en el Ayuntamiento de Jerez motivaron una investigación en el caso Gürtel que está ya pendiente de juicio.
"La Fiscalía, en definitiva, no ha interpuesto una denuncia, ni en ningún momento de su escrito inicial indicó que estuviera formalizando denuncia", observa el juez.
En esta pieza separada del caso Gürtel, la Fiscalía acusa a los jefes de la red Francisco Correa y Pablo Crespo, además de otras 7 personas (una de ellas la propia Jordán), por tres contratos irregulares del consistorio a empresas de la trama referidos a la feria de Fitur de 2004.
