Desarticulada una banda acusada de 33 estafas por internet

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Picota, ha desarticulado un grupo criminal acusado de 33 estafas, por importe global de 40.000 euros, cometidas a través de internet en 17 provincias españolas, además de otra denunciada ante la policía de Alemania.

La investigación, ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se inició al recibirse una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Peralta (Navarra), en la que la víctima afirmaba que le habían realizado ocho movimientos bancarios no autorizados por importe de 500 euros cada uno (4.000 euros en total).

La Guardia Civil comprobó que para acceder a ese dinero se había utilizado el método conocido como “phishing”, que consiste en el envío de un correo electrónico a la víctima, simulando ser su entidad bancaria y solicitando su usuario y contraseña.

Una vez obtenidas las claves, los autores de las estafas accedían a la cuenta corriente de la víctima y sacaban el dinero a través de una aplicación de pagos por móvil, con la que trabajan varias entidades bancarias, variando la cantidad entre 100 y 4.000 euros.

Los investigadores sospecharon que podría haber más víctimas en todo el territorio nacional y llegaron a localizar a 33 víctimas en varias provincias españolas.

Los agentes pudieron localizar a los presuntos autores de las estafas, que son un total de 13 personas (6 en Cádiz, 3 en Murcia, 2 en Madrid y 2 en Alicante), de nacionalidades española, marroquí, francesa y búlgara.

Los afectados por las estafas residen en las provincias de Sevilla (Santiponce, Utrera y Alcalá del Río), Madrid (Buitrago de Lozoya, Ciudad Lineal y Fuenlabrada), Cádiz (Los Barrios, Chiclana y Jerez), Soria (Ólvega), Granada (La Zubia, Macarena y Granada capital), Murcia (Cieza), Las Palmas (Vecindario), Navarra (Peralta), Valencia (Tavernes, Carcaixent y Paterna), Alicante (Torrevieja), Baleares (Campos), Jaén (capital), Valladolid (capital), Málaga (capital), León (Ponferrrada), Barcelona (Granollers) y Girona (Lloret de Mar y Sant Feliu de Guixols).

Los presuntos autores de los hechos han sido acusados de un delito de estafa continuada, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal organizado.