Decenas de miles de personas --70.000 según fuentes municipales y más de 85.000 según la organización-- han tomando parte en Bilbao en la manifestación convocada por la iniciativa 'Orain presoak' y la red ciudadana Sare para denunciar la dispersión de los presos de ETA y las "promesas incumplidas" del Gobierno español. En el acto, los organizadores han reclamado además que el nuevo Estatuto recoja en su articulado el derecho de los presos a cumplir condena cerca de sus lugares de origen.
La movilización de la capital vizcaína, a la que por primera vez se han adherido todos los sindicatos vascos, y que ha contado también con la asistencia de una representación del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha sumado a la que, también esta tarde, se ha desarrollado en la localidad francesa de Baiona.
Hasta la capital vizcaína se han desplazado asimismo representantes de fuerzas nacionalistas catalanas como el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, la diputada de la CUP Natalia Sánchez o el fundador de la plataforma Crida, Agustí Colomines.
La marcha ha estado encabezada por una pancarta bajo el lema "Orain, presoak" (ahora los presos) que ha sido siendo portada, entre otros, por la expresa de ETA Sara Majarenas; Olatz Iglesias, hija de Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', o Laura Masvidal, pareja sentimental del exconseller Quim Forn, entre otros.
Asimismo, entre los manifestantes se ha podido ver al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, los parlamentarios de la formación Maddalen Iriarte, Oskar Matute y Pello Urizar, así como a una representación de Podemos Euskadi encabezada por su secretario de Organización, Andeka Larrea. Junto a ellos, también se han manifestado por las calles de Bilbao la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, y la secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa.
Entre gritos a favor de la vuelta de los reclusos a "casa", los participantes han mostrando carteles reivindicativos de la asociación de familiares de presos, Etxerat. La marcha ha concluido en el Ayuntamiento de Bilbao, donde se han desplegado dos pancartas gigantes con el lema 'Orain presoak' (ahora los presos) y 'Etxean nahi ditugu' (los queremos en casa).
En las escaleras del Consistorio, el filósofo Javier Sádaba y la periodista Pili Kaltzada han leído un comunicado en el que han resaltado que ya es hora de que se respeten los "derechos humanos de los presos".
"La sociedad vasca no se resigna y no quiere que se vulneren los derechos de los presos y de sus familias que sufren de manera directa la actual política penitencia. La sociedad vuelve a demostrar que las distintas opiniones políticas no son obstáculo para la defensa unámime de los derechos humanos", han sostenido.
De este modo, han apostado por "crear los espacios de convivencia que anhela la sociedad vasca tras décadas de confrontación y violencias". "Buscamos cerrar el ciclo de violencias y represión para entrar en el círculo de la pacificación, la convivencia y la democracia en nuestro país", han valorado.
En este contexto, han recordado que el punto 3 de la Declaración de Aiete de 2011 instaba a "avanzar en la reconciliación" y han incidido en que "no puede haber reconciliación desde el ensañamiento o el relato unilateral". "Memoria, atención a las víctimas y la cuestión de las cárceles son tres precondiciones para un marco de convivencia y de normalización", han advertido.
GOBIERNO CENTRAL
En la alocución se ha criticado también que el Gobierno español del PSOE "pareció dispuesto a tomar algunas iniciativas de pacificación y convivencia que dieron esperanza a miles de personas", pero han lamentado que "no hace sino dar largas, trasladando cínicamente la responsabilidad de la solución a los propios presos, subiendo el listón de exigencias para el cierre del ciclo de violencias y represión".
"Estamos, una vez más, ante un escenario de promesas incumplidas para acercar a las personas presas a sus casas. Es verdad que el nuevo Gobierno solo tiene unos meses de vida, pero el riesgo de que el año electoral que se abre supedite la humanización de la política penitenciaria a la presión de las ultraderechas es total", han alertado.
A su juicio, "el Estado no quiere asumir que el problema no es con una banda ya inexistente, sino con una sociedad que exige pasos para superar las "consecuencias del conflicto".
"Ni las familias, ni las personas presas atisbamos los cambios que se prometieron de humanización de las cárceles, cuando de lo que se trata es de separar tajantemente una política penitenciaria normalizada de una política de excepción que carecía de sentido ya cuando se comenzó a aplicar y mucho más ahora", han añadido.
De este modo, han reprobado la dispersión de más de 250 reclusos por hasta 70 prisiones de España, Francia y Portugal dentro de una política penitenciaria, "en la que la venganza sustituyó a cualquier indicio de humanidad e incluso legalidad". "Cada día que pasa, ese régimen de excepcionalidad significa una cadena perpetua encubierta", han valorado.
Por todo ello, han denunciado que la agenda de Derechos Humanos se subordine "a la conveniencia partidista y a la razón de Estado una esta democracia, incapaz de gestionar el camino hacia una verdadera paz, tras un alto el fuego unilateral y definitivo". "¿Hasta cuándo esta política penitenciaria de venganza?", se han cuestionado.
Asimismo, han defendido que la sociedad "lleva muchos años trabajando, conjuntamente, construyendo la convivencia y la paz, de tal forma que "necesita mirar al futuro y acabar con el sufrimiento".
"Reclamamos simplemente la aplicación de la ley, la excarcelación inmediata de quienes están gravemente enfermos o con edad avanzada; el inmediato pronunciamiento de disposiciones generales para los Jueces de Vigilancia Penitenciaria para facilitar las progresiones solicitadas de grado; computar, mediante cambio normativo y por justicia matemática, las penas ya cumplidas en prisiones de la UE y el fin de la política de alejamiento", han reclamado.
NUEVO ESTATUS
Asimismo, han solicitado que ahora que en el Parlamento vasco se trabaja en la redacción de "un nuevo texto de estatus político" se dé "un salto cualitativo en clave de reconocimiento de derechos".
"Por ello, pedimos que se incorpore en el nuevo texto legal el derecho fundamental a los presos y presas vascas, para que cumplan sus condenas en el centro más cercano a su domicilio", han añadido.
Por último, han mostrado su solidaridad con los políticos catalanes presos para los que han pedido su libertad, así como para con los jóvenes de Alsasua a quienes "queremos ver en su pueblo, libres de esa macabra conspiración neofranquista que los ha condenado injustamente".
