—Ni 40.000, ni 25.000. Por primera vez se concreta que en Chiclana hay 15.007 construcciones irregulares ¿qué les ha parecido esta cifra?
—Nos han parecido muchas de cualquier manera. Aunque también es verdad que, siendo un número considerable, no es la barbaridad que barajaba el PP.
—¿Por qué no se había hecho hasta ahora este inventario?
—Desde 2005 estamos trabajando en la regularización, pero era algo difícil. Ha sido a raíz del convenio de colaboración con la Junta cuando se ha podido realizar la cuantificación.
—Según el inventario, 10.633 construcciones están en suelo urbano no consolidado y podrán entrar en este proceso de regularización, otras 2.292 se localizan en suelo con posibilidades de ser urbanizable pero, ¿qué pasará con las 2.082 restantes que están en suelo no urbanizable?
—Son las más débiles desde el punto de vista jurídico y medioambiental, sobre todo aquellas que están en suelos especialmente protegidos porque ahí de ninguna de las formas se puede construir. Pero éstas no son las únicas edificaciones débiles, también aquellas que aún estando en suelo urbano no consolidado (es decir regularizable) se localicen en un viario o en una zona inundable.
—¿Se podría decir que estas construcciones están abocadas al derribo?
—No, no es así. Decir que son edificaciones que tienen una situación más débil sí, pero que están abocadas a la demolición inmediata no, porque en un momento u otro, en función de las leyes de la Junta, quizás se puedan ir recalificando terrenos. Existe la posibilidad de que en un futuro, a lo mejor lejano, se puedan regularizar algunas de esas viviendas.
—En varias ocasiones se ha intentado poner en marcha la regularización sin éxito, ¿es ésta la definitiva?
—Creemos que ahora sí es el momento por varios motivos. Por un lado, porque ha cambiado el concepto de urbanismo y se ha endurecido la lucha contra el urbanismo ilegal y no sólo en la Gerencia de Chiclana, sino en el resto de ayuntamientos y en la propia Fiscalía, y, por otro lado, porque los vecinos necesitan servicios y normalizar su situación. Hay la necesidad de regular y ése ha sido el pistoletazo de salida.
—¿Cuándo se empezarán a ver los primeros resultados?
—Es difícil de determinar porque la ordenanza está ahora en exposición pública y tendremos que esperar a ver las alegaciones. Una vez que se resuelvan y se apruebe definitivamente el documento, algo que esperamos que ocurra a final de año o a principios del próximo, todo dependerá de las ganas que tenga cada vecino. Sabemos que hay empresarios que están esperando como agua de mayo que la ordenanza sea firme porque necesitan regularizar para poner en marcha sus negocios. También hay ciudadanos que están muy cerca de suelo urbano y que están deseosos de iniciar el proceso. Si eso es así como a mí me lo manifiestan el inicio será pronto. Yo espero que antes de que termine este periodo corporativo (en 2011) ya haya varias zonas regularizándose. Y eso animará además al resto de vecinos. Confío en ello y además creo que hay gente con muchas ganas que lo va a hacer.
—¿Cree que los vecinos están preparados para iniciar el proceso?
—En las reuniones que he tenido he notado al llegar que hay cierta incertidumbre, si bien a medida que se va informando sobre el proceso, los vecinos suelen llegar a la conclusión de que es bueno y de que por fin van a tener los servicios que tanto deseaban, aunque siempre les queda cierto miedo a los costes. Lo que ocurre es que la oposición se ha dedicado a desinformar y a hacer populismo y demagogia de este asunto, que es lo fácil. El PP sabe perfectamente que los propietarios de viviendas ilegales tienen que asumir los costes, de hecho cuando estuvo en el Gobierno ya intentó aprobar una ordenanza incluso más cara y más difícil de ejecutar. Lo que pasa es que es muy fácil hacer demagogia con el urbanismo. El PP está haciendo populismo con el tema y lo que está es perjudicando y confundiendo al ciudadano.
—Los costes vuelven a ser el principal escollo, ¿hay alguna posibilidad de abaratarlos?
—Nosotros desearíamos que el proceso fuera más barato porque sería más fácil de llevar a cabo, pero los técnicos que han elaborado la ordenanza (que son los mismos que hicieron la que intentó aprobar el cuatripartito) han hecho un esfuerzo importante para abaratar los costes entre un 10 y un 15 por ciento, fraccionar los pagos y fraccionar la ejecución. Yo creo que el esfuerzo ha ido hasta donde más se ha podido. Abaratar más no se puede, no porque no lo hayamos intentado, sino porque es imposible. No obstante, seguiremos trabajando para que las entidades financien a aquellas familias que lo necesiten y estamos viendo también cómo ayudar desde Servicios Sociales para que todo el mundo pueda acceder a los servicios básicos.
—La oposición está criticando duramente que la Junta no quiera financiar un tercio de los costes, ¿qué opinión tiene sobre ello?
—Ese es el juego partidista y la demagogia que está haciendo el PP. La Junta no está dando la espalda a este problema, dado que está invirtiendo 48 millones de euros en obras que abaratan el proceso, lo que no se puede hacer es que el dinero que la Administración autonómica ha recaudado a Chiclana por el impuesto de transmisiones patrimoniales en los últimos años se revierta de forma exclusiva en los ciudadanos que edificaron sin licencia porque ese dinero, que es de todos, debe ir en beneficio de toda la ciudad.
—Debido precisamente a los costes, el proceso de regularización es una medida un tanto impopular, ¿temen que esto les pueda pasar factura política?
—Soy consciente de que esto puede tener un coste político importante, pero creo que como delegada de Urbanismo ésta era mi obligación en este momento. El propio PP decía que este proceso era una patata caliente. Pues miren, es una patata caliente a la que le hemos hincado el tenedor. A lo mejor nos pasa factura, no lo sé, pero también hay quien nos felicita por la valentía de haberlo asumido.
—¿Cree que a la larga se verá como una medida positiva?
—Estoy convencida de que sí. Tan fácil como que los que estamos gobernando ahora podíamos habernos lavado las manos y haber dejado que derribaran las viviendas que tuviesen un expediente de demolición, y que el que hubiera querido se hubiera puesto agua. El ciudadano a lo mejor se hubiera quedado tranquilo porque no tenía que hacer el desembolso económico pero a la larga creo que no nos lo hubiera perdonado. Yo creo que pasará tiempo, no será el año que viene ni el siguiente, pero en unos más cambiarán las mentalidades, poquito a poco la gente se alegrará y valorará lo que se ha hecho. Otros ayuntamientos ya nos están llamando para copiar nuestra ordenanza. Estamos siendo también un ejemplo, bienvenido sea.
—Sus advertencias sobre lo que podría ocurrir si no se legalizaba han sido entendidas por algunos como amenazas.
—Lo único que hemos dicho es la verdad y es que las personas que tengan un expediente de demolición pueden verse beneficiadas por este proceso. Eso no es una amenaza, porque el ayuntamiento nunca ha dicho, ni yo ni el alcalde, que el que no entre por aquí se le tirará la casa. Nadie va a demoler viviendas que no tengan un expediente, eso es una barbaridad, pero lo que sí es verdad es que las que lo tengan pueden salvarse entrando en este proceso. Eso es lo que hemos dicho. Yo podría decir, y así se lo he escuchado a Arenas que aquí en Chiclana no se va a tirar ninguna vivienda y que esto lo va a pagar la Junta, pero eso es demagogia y eso es mentirle al ciudadano. Hay verdades que no son populares pero creo que hay que decirlas.
—¿Cómo vivió el primer y hasta ahora único derribo de una vivienda ilegal en la ciudad?
—Muy mal, porque ya era inevitable. Era un procedimiento administrativo que se ordenó por el Gobierno anterior y no quiero decir con esto que yo no lo hubiera hecho porque el procedimiento administrativo te obliga, te empuja y tienes que hacerlo, pero es que fue así, no lo digo por reproches ni mucho menos. Fue duro, porque además en este caso en concreto se estaba advirtiendo a la persona desde que se inició el procedimiento y estás ahí diciéndole que el final es malo pero no hace nada por evitarlo. Se pasa mal porque aunque lo hagan sin licencia, que lo saben, tienen unas ilusiones puestas y se pasa mal. No creo que ningún político, ni siquiera la Fiscalía disfrute con un hecho de este tipo.
—Hay otro derribo anunciado en el Pago Melilla, ¿en qué situación se encuentra?
—Nosotros teníamos la orden de ejecución e íbamos a hacerlo. De hecho teníamos hasta solicitado los dos presupuestos que te exigen, pero la familia de esta vivienda pidió al Juzgado demolerlo voluntariamente. El juez nos ordenó que suspendiéramos los trámites y autorizó a la familia a la demolición. Ahora mismo estamos en standby esperando que el juzgado nos dé traslado de lo que ha pasado.
—Proceso de regularización, un derribo, la anulación del PGOU... un año complicado para estrenarse como delegada de Urbanismo, ¿no?
—Totalmente, aunque también he tenido grandes satisfacciones como los avances en la Ronda Oeste, tranvía, Miralrío, etc. Lo único que puedo decir es que en 17 meses mi antecesor -en referencia a José Pedro Butrón (IU)- no fue capaz de escribir ni un renglón de la historia del urbanismo de Chiclana y eso que era una persona que ansiaba ocupar ese puesto y cuando tuvo oportunidad no hizo nada y eso es lamentable. Pues mire, si yo tengo que escribir dos o tres páginas de toda esta vorágine bienvenido sea, creo que era lo que tenía que hacer y tendrá sus compensaciones o sus castigos. Lo que creo que no puede hacer un delegado es venir a sentarse en el despacho a leer los papeles y no ser capaz de gestionar nada, como hizo Butrón. Es como si hubiésemos dado un salto en el tiempo. Del ultimo día del mandato corporativo anterior al primer día de la moción de censura no ha pasado nada, salvo el tiempo. Han pasado 17 meses, y eso en procedimientos administrativos que son largos, laboriosos y costosos se nota mucho. Se perjudicó mucho a los grandes proyectos, porque no se hizo nada.
—¿Qué es lo que más le ha molestado de todo lo que se ha dicho sobre el urbanismo de Chiclana?
—Lo que más me ha dolido es que sólo por interés político se haya dañado a Chiclana dando a entender que aquí había corrupción y comparándola con Marbella. Eso ha ahuyentado a inversores y ha asustado a los ciudadanos. Es muy triste que te llamen de otras localidades preguntándote qué es lo que está pasando en Chiclana, cuando no hay nada de lo que han dicho. La gente se preocupa y viene a vernos para que les demos tranquilidad.