Una concentración convocada por la Plataforma contra la Violencia de Género 25 de Noviembre ha pedido "sensibilidad" con el caso de la vecina de Granada muerta el 29 de noviembre de 2016 por heridas de bala, un caso que enjuicia un jurado popular desde el próximo lunes, y en el que está acusado por supuesto homicidio el que había sido su compañero sentimental.
La presidenta de la asociación La Volaera, integrada en esta plataforma, María Martín, ha señalado que los familiares de esta mujer, algunos presentes en la concentración, están "desesperados" y esperan justicia, y ha recordado que pasaron meses hasta que el caso se reconoció como violencia machista.
Ha habido, en este sentido, "desprotección" de los hijos menores que tenía, que han sido, ha agregado Martín, víctimas de "violencia institucional y económica". Las convocantes han desvinculado, a petición de la familia, la convocatoria de este jueves de las reacciones contra la situación de libertad provisional en que se prevé quede 'La Manada' tras el auto de la Audiencia de Navarra, sobre la que se celebrará una nueva concentración en Granada este viernes a las 19,00 horas en Plaza Nueva.
El cuerpo sin vida de S.R.A., la mujer por la que este jueves se ha movilizado la plataforma feminista 25 de Noviembre, apareció, a finales de noviembre de 2016, junto al portal de su casa en la zona norte de Granada capital.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha señalado para el próximo 25 de junio el juicio con jurado popular contra el hombre de 38 años acusado de matar de un tiro a quien era su compañera sentimental, a sus 34 años.
También enjuiciará al individuo de 37 años que le habría ayudado a encubrir los hechos para que pareciera que la fallecida había sido atacada cuando salía a sacar la basura.
La Fiscalía ha pedido 16 años de prisión para el principal acusado, de iniciales S.R.A., al que se le atribuye la presunta comisión de un delito de homicidio, por el que se le piden 14 años, y otro de tenencia ilícita de armas, por el que se solicita la pena de dos años; mientras que al segundo acusado, de iniciales I.Q.P., se le considera el supuesto autor de un delito de encubrimiento.
Ambos están privados de libertad por esta causa desde el 30 de noviembre de 2016, según consta también en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press.
