La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) ha denunciado hoy al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ante la Fiscalía por la muerte de al menos 38 personas durante las protestas masivas contra el Gobierno durante las últimas dos semanas.
La denuncia de la ANPDH se extiende, además de Ortega, a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a la jefa de la Policía Nacional Aminta Granera, el subjefe Francisco Díaz, y a jefes policiales establecidos en los departamentos (provincias) de Managua, Bluefields, Estelí, León, Masaya y Matagalpa.
La denuncia fue motivada por las "ejecuciones sumarias" realizadas por los señalados, afirmó el secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva, durante la presentación de la querella, en la sede de Ministerio Público.
El organismo también pidió a la Fiscalía que solicite la retirada de la inmunidad del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, ya que sin ese procedimiento la denuncia no tendrá efecto.
Según Leiva, la mayoría de víctimas murieron al recibir disparos en la cabeza, cuello y pecho, lo que da pie para pensar en que se trató de ejecuciones.
Entre los fallecidos se encuentran dos policías, un adolescente y un periodista.
Las protestas contra Ortega iniciaron hace ocho días en reclamo por medidas de seguridad social que elevaban las cuotas, reducían las pensiones y establecían la cotización perpetua, que no mermaron el domingo, cuando el presidente se retractó.
A pesar de que las represiones del presidente de Nicaragua disminuyeron el lunes, ahora la población exige su renuncia, porque lo consideran represivo, corrupto, violador de los derechos humanos y las libertades públicas.
Los nicaragüenses también señalan a Ortega por supuestos fraudes electorales, las continuas alzas de los combustibles, el actuar impune de la Policía, las muertes sin explicación de campesinos que se oponían al Gobierno, el discurso oficial de "paz y reconciliación" que supuestamente no refleja la realidad del país, entre otros.
