No obstante, aunque la ley entrará en vigor en septiembre, portavoces del Gobierno y de RTVE han asegurado que los contratos que la televisión pública tiene firmados con publicistas hasta finales de año, se cumplirán.
Previamente, el Pleno rechazó dos de los tres vetos puestos a la ley, uno presentado por los senadores Jordi Guillot y Juan José Nuet, del grupo Entesa Catalana de Progrés, y otro por el grupo de Senadores Nacionalistas, ya que el tercero, que había presentado ERC, fue retirado.
La senadora socialista Evelina Fernández, en su rechazo a los vetos, aseguró que, tanto los expertos como la opinión pública, son favorables a que TVE no emita publicidad y dijo que, si la Ley de Medios de Titularidad Estatal consagraba la independencia política de los medios públicos, ésta le da la independencia económica.
El senador del PP, Miguel Sánchez, rechazó los vetos, resaltó la importancia del proyecto y su acuerdo en que desaparezca la publicidad en TVE, pero consideró que había sido una buena oportunidad para llevar la ley adelante con tranquilidad y consenso.
También criticó que se haya aprobado antes de la Ley General Audiovisual, “una ley –dijo– que llevamos cinco años esperando” y discrepó por la forma con la que se había tramitado, “sin tiempo y sin voluntad de consenso”.
A partir de que TVE deje de emitir publicidad, se financiará mediante un porcentaje del tres por ciento sobre los ingresos de las televisiones privadas estatales en abierto; del 1,5% de los operadores de pago y el 0,9% de los operadores de telecomunicaciones.
También recibirá un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico, los productos y rentas de su patrimonio y las aportaciones voluntarias.
El Mandato Marco, con una duración de nueve años, y el Contrato Programa, cada cuatro años, completarán la dimensión económica de RTVE y sus límites en su crecimiento anual.
Las aportaciones de las televisiones privadas, de pago y operadores de telecomunicaciones sólo podrán ser destinadas a financiar actividades de servicio público y la Corporación podrá obtener ingresos por el ejercicio de sus actividades como la comercialización de sus contenidos, siempre que no provengan de la publicidad.
Las autopromociones, la publicidad institucional o las campañas divulgativas de carácter social o de contenidos solidarios, no tendrán la consideración de publicidad y serán gratuitas.
