Un tribunal turco ha decretado libertad con cargos para diez de los once activistas de derechos humanos que están siendo juzgados desde hoy por supuesta colaboración con grupos terroristas, entre ellos los responsables de la rama turca de Amnistía Internacional (AI).
Entre los liberados hoy se encuentran la directora de AI en Turquía, Idil Eser, el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi y otros 5 activistas detenidos el pasado 5 de julio en una isla cerca de Estambul, donde participaron en un taller sobre seguridad informática y derechos humanos.
Otros dos activistas, detenidos el mismo día, ya se hallaban en libertad con cargos, por lo que ahora todo el grupo continuará siendo juzgado en libertad, tras tres meses de prisión preventiva para ocho de ellos.
Continuará en prisión, sin embargo, el presidente de AI en Turquía, Taner Kiliç, que fue detenido en junio bajo la acusación de formar parte de la red del predicador islamista Fethullah Gülen, al que Ankara acusa del fallido golpe de Estado de julio de 2016.
Kiliç será juzgado mañana en Esmirna en un caso distinto, por el que el tribunal de aquella ciudad ha decretado prisión preventiva.
El juicio de los diez activistas detenidos durante el taller en Büyükada, al que fue sumado el caso de Kiliç, arrancó esta mañana en Estambul, entre una enorme expectación mediática, y con observadores de varios países europeos.
Tras escuchar las defensas de los acusados, la Fiscalía, en un gesto sorprendente en este tipo de juicios, pidió la puesta en libertad de siete de los ocho detenidos, pero el tribunal decidió liberar a todos menos a Kiliç.
Los activistas están acusados de mantener vínculos tanto con la cofradía gülenista como con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda izquierdista de Turquía y con el DHKP-C, un grupo armado turco ultramarxista.
Ellos, sin embargo, han declarado que únicamente realizaban su trabajo de defensores de los derechos humanos.
"Las acusaciones son absurdas. En el escrito de acusación no hay prueba alguna" declaró Gardner hoy a Efe, antes de comenzar el juicio.
"Está claro que esto es un caso político, impulsado por las declaraciones del Gobierno y las campañas contra las organizaciones de derechos humanos. No hay nada legal, no hay nada fundamentado en la ley que permite mantener a estas personas encarceladas", evaluó Gardner.
