El coordinador local de Izquierda Unida en Sevilla, Ismael Sánchez, ha mostrado este viernes el apoyo total de su formación política a los ex trabajadores eventuales de Lipasam que estos días están recibiendo expedientes por parte de la Subdelegación del Gobierno central, con sanciones de 601 euros por la protesta sorpresa protagonizada por este colectivo el pasado mes de junio dentro del Ayuntamiento, saldada con un controvertido desalojo policial.
Según uno de los expedientes sancionadores, recogido por Europa Press, la incoación de estos procedimientos deriva de una "ocupación no autorizada de la sede del Ayuntamiento de Sevilla", donde estas personas "ocuparon y se sentaron en la escalera principal impidiendo el paso de las personas, con pancartas y gritando consignas". "El jefe del dispositivo (de la Policía Local) les comunicó en tres ocasiones que debían desalojar las instalaciones municipales, sin que atendieran el requerimiento", abunda el expediente, según el cual estas personas fueron "informadas de que la desobediencia o resistencia podría constituir un ilícito penal".
Dado el caso, los expedientes parten de una "infracción administrativa grave" de la Ley 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, criticada como la "ley mordaza" por diferentes fuerzas y colectivos.
Ismael Sánchez, al respecto, atisba "un caso claro de pura represión", mostrándose convencido de que estas sanciones obedecen a "intereses políticos" y apuntando directamente al alcalde de la ciudad. Y es que, según ha denunciado, Juan Espadas (PSOE) "vota en contra de la Ley Mordaza en el pleno del Ayuntamiento pero, cuando le interesa, no duda en ampararse en esta siniestra norma con el objetivo de meter miedo a los trabajadores y colectivos que se movilizan para defender sus derechos".
"Es una auténtica vergüenza lo que está pasando", ha remarcado Ismael Sánchez. A su juicio, resulta inexplicable que a estos trabajadores, "que fueron agredidos y expulsados con violencia del Ayuntamiento por exigir sus derechos, se les acuse ahora de cometer una infracción grave y se les amenace con multas que van desde 601 a 30.000 euros". Por ello ha exigido, una vez más, la dimisión del delegado municipal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, por su responsabilidad en este "atropello democrático".
Desde Izquierda Unida recuerdan además que, tres meses después de aquellos hechos, "seguimos esperando los registros gráficos de las cámaras de seguridad de la Casa Consistorial, donde se comprobará el brutal desalojo que ese día sufrieron tanto estos trabajadores de Lipasam como varios concejales y personal técnico de los grupos municipales de IU y Participa Sevilla".
"Desde Izquierda Unida no nos vamos a dejar avasallar ante las prácticas represivas del PSOE", ha subrayado el coordinador local de IU, quien ha asegurado que su fuerza política "seguirá luchando en las calles y en la institución, dando voz a quien no la tiene, apoyando el derecho a la protesta y denunciando las políticas cortijeras e indecentes de Espadas y su equipo de gobierno".
