Este lunes se ha celebrado un acto de mediación convocado por la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía en el que estaban citados el Ayuntamiento de San Fernando y la Junta de Andalucía, como uno de los pasos dados por esta institución para conocer la situación en la que se encuentran las gestiones relacionadas con las competencias en el mantenimiento de los antiguos colegios de Defensa.
El Defensor del Menor se dirigió el pasado marzo a ambas administraciones exponiendo que esta situación de indefinición en las competencias está afectando al alumnado de los centros docentes Juan Díaz de Solís, Vicente Tofiño y Cecilio Pujazón, iniciando por lo tanto un expediente de mediación con las administraciones involucradas “al objeto de poder dialogar abiertamente sobre el fondo de la cuestión que está afectando a los intereses de los menores escolarizados y lograr, de manera consensuada, una solución definitiva para ellos”, se especifica en los motivos de la convocatoria de la citación para hoy.
La reunión ha sido básicamente técnica, habiéndose expuesto las circunstancias jurídico administrativas en la que se encuentran estos centros educativos de la ciudad que hasta el año 2007 eran gestionados por el Ministerio y desde entonces pasaron a la Junta de Andalucía. Se trata de una primera sesión de trabajo a la que han acudido técnicos de las partes implicadas.
Hay que recordar que, ante la situación de los antiguos colegios de Defensa y la necesidad de buscar una solución intermedia que finiquitase el conflicto, y debido a la falta de avances con la Consejería de Educación, el Ayuntamiento decidió iniciar un requerimiento previo al uso de la vía judicial con el objetivo de que sea la Justicia finalmente la que establezca a qué administración corresponde el mantenimiento de estos centros educativos.
El gobierno municipal ha reiterado su plena disposición a buscar una solución con el objetivo de conocer en qué administración recae las competencias del mantenimiento de estos centros y teniendo como premisa la defensa de los derechos de los escolares y de la ciudadanía.
Ahora, según los representantes del Defensor del Menor en Andalucía, el siguiente paso será analizar la situación y la postura de ambas partes para ofrecer un posicionamiento y una respuesta al respecto.
