El ayuntamiento de Málaga ha intervenido a 43 automóviles por intrusismo en el sector del taxi, por ejercer una actividad de transporte de viajeros sin autorización; según han informado este lunes la concejala de Movilidad, Elvira Maeso y el concejal de seguridad Mario Cortés, en un acto al que también ha asistido el presidente de Aumat, José Royón. Estas intervenciones comenzaron a ejecutarse en agosto de 2015, en una acción conjunta de las Áreas de Movilidad y Seguridad, al amparo del Decreto-Ley 17/2014 de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros de Andalucía.
Entre agosto del año 2015 y a lo largo del año 2106 se intervinieron 29 vehículos, prácticamente todos en las proximidades de la Estación de Autobuses. En los primeros 4 meses del año 2107 los vehículos inmovilizados han sido 14 (12 de ellos en el Aeropuerto y 2 en las inmediaciones de la Estación de Autobuses).
La Oficina Municipal del Taxi y la Policía local de Málaga trabajan aplicando un procedimiento establecido al amparo de la normativa vigente, que incluye la inmovilización y retirada de los vehículos que realicen actividades sin autorización al depósito municipal.
Junto la retirada de los automóviles se denuncian estas actividades por incumplir la legislación, reteniendo la documentación del vehículo. La persona denunciada no recupera el automóvil hasta que no abone la sanción establecida y los gastos que especifica el mencionado Decreto-Ley (tasa de traslado y depósito del vehículo y el traslado de los usuarios). La sanción asciende a 1.380 euros por infracción muy grave, que se reduce a 966 euros (reducción del 30%) si se abona antes de 30 días desde la notificación de la denuncia.
Si la sanción impuesta y los gastos, tras resolverse el expediente sancionador, no se pagan en el periodo voluntario se puede proceder a la venta del vehículo en subasta pública, salvo que proceda ejecutar su destrucción y descontaminación.
Si se procediese a la venta del vehículo a través de una subasta, el importe se aplica al pago de la deuda pendiente y el resto se pone a disposición del denunciado.
