La Fiscalía solicita una pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación para un funcionario de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de Motril (Granada) que, aprovechando su cometido profesional en la entidad Bancorreos, se apropió de un total de 126.160 euros de diversos clientes.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2006 y 2014, cuando el acusado desempeñaba el puesto de director de la Oficina de Correos de Motril e ideó un "plan" para materializar numerosas retiradas de efectivo.
Empleó para ello diversos métodos, como sustraer dinero de las cuentas bancarias de los clientes, falsificando para ello las firmas de los titulares. También canceló supuestamente productos bancarios, como bonos expedidos por comunidades autónomas, sin consentimiento de los clientes, para, una vez que estaban abonados en cuenta, apropiarse de su importe.
A aquellos clientes que se presentaban en la oficina alegando que no habían dispuesto las cantidades que le habían sido sustraídas, el acusado les efectuó en su presencia un ingreso en efectivo por el montante sustraído, aunque posteriormente lo anulaba.
Del mismo modo, manipuló las anotaciones correspondientes a las cartillas de ahorro de los clientes, de modo que no aparecieran reflejados los movimientos que acreditaban la apropiación fraudulenta de fondos.
Facilitó además impresos con membrete oficial reflejando cifras irreales que no estaban reflejadas en la contabilidad del banco. Asimismo, creó documentos mercantiles ficticios con ánimo de dotarlos de apariencia de autenticidad como impresos propios de la entidad bancaria sin rastro contable.
A consecuencia de esta actuación ilícita, Bancorreos ha indemnizado a todos los clientes afectados y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, representada por la Abogacía del Estado, reclama la restitución por importe de 126.160 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de fraudes y exacciones ilegales y de otro delito continuado de falsedad en documento mercantil, por los que, además de los cinco años y medio de cárcel, reclama para el acusado el mismo periodo de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 6.300 euros.
El juicio por estos hechos está previsto que se celebre desde el 27 al 31 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
