El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, valora llevar a los tribunales las declaraciones del anterior alcalde de Granada, José Torres Hurtado, sobre la operación Nazarí que, según ha considerado el SUP, "se llevó a cabo respetando escrupulosamente la legalidad".
En una nota de prensa, el sindicato ha recordado que las 17 detenciones practicadas no fueron ordenadas "a iniciativa de la fuerza policial" sino que lo fueron por la autoridad judicial.
"La intervención de los compañeros de la Policía Judicial de Granada fue, no sólo ajustada a derecho, sino que se desarrolló conforme a los objetivos marcados en su planificación, la cual contaba, como no podía ser de otra forma, con el conocimiento judicial y de la Fiscalía", han indicado desde el SUP.
Han agregado que "cualquier entrada y registro, ésta incluida, se realiza en virtud de un auto judicial e informe preceptivo de la Fiscalía (que no siempre es favorable), siendo los objetivos de la operación, entre otros, los de asegurar las pruebas del delito y salvaguardar los derechos, y la intimidad y el honor de los investigados" o "detenidos, si es que los hubiere".
Asimismo, han subrayado que la Policía Nacional no está "al servicio del político de turno, como así afirma el anterior alcalde, sino que trabajamos conforme a los indicios obtenidos, los cuales son presentados ante la autoridad judicial" que, tras valorarlos, "decide si tienen la entidad suficiente como para actuar contra los presuntos autores".
"El derecho de defensa lo admite casi todo, y entendemos que Torres Hurtado como cualquier imputado utilice todos los medios a su disposición para ello", ha destacado el SUP que no considera "admisible" que el ex dirigente del PP aduzca que la actuación policial se debió a "órdenes políticas" y no a "acumulación de indicios contra su persona".
"Desde el Sindicato Unificado de Policía estudiaremos éstas y futuras declaraciones, por si de las mismas se pudieran desprender alguna imputación de delitos a los compañeros que han trabajado en esta operación", han aclarado concluyendo que "no vamos a permitir, como ya hemos hecho en otras ocasiones, que el derecho de defensa de cualquier imputado vulnere el honor de los compañeros de la Policía Nacional".
