La vista oral de la operación 'Costurero' por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Zurgena (Almería) ha arrancado este martes con un acuerdo de conformidad de cuatro de los 25 encausados y la exposición de las cuestiones previas en las que las defensas de los dos principales procesados, el exalcalde Cándido Trabalón y el exconcejal de Urbanismo Manuel Tijeras, han pedido la nulidad de las actuaciones desde que se produjo la entrada y registro en el Ayuntamiento en abril del año 2007.
Los acusados que han aceptado las penas interesadas por el Ministerio Público tras la asunción de los hechos que se les imputan son, por un lado, el extécnico municipal Carlos Domingo B.F., quien, al margen de su condición de empleado público, actuó como director de obra en dos de los residenciales bajo sospecha, y, por otro lado, José S.S., Fernando J.R. y Adoración G.F., administradores y arquitecta de la constructora 'Colyar SLL', respectivamente.
Carlos Domingo B.F. ha mostrado conformidad ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con la pena de multa de 18 meses a razón de cuatro euros al día por un delito continuado de negociación prohibida a funcionarios y penas de seis meses de prisión por cada uno de los 30 delitos de prevaricación que se le atribuyen más siete años de inhabilitación especial, si bien, de acuerdo al artículo 76 del Código Penal se ha establecido el máximo de condena en 18 meses de cárcel.
Por su parte, los otros tres acusados, tras oir las modificaciones introducidas por el fiscal al escrito de calificación provisional, han aceptado penas de seis meses de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de dos euros. En todos los casos, el Ministerio Público ha accedido a sustituir las penas privativas de libertad por penas de multa de acuerdo a lo que han solicitado las defensas.
A su llegada este martes a la Ciudad de la Justicia para el juicio que se sigue por prevaricación urbanística, cohecho, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a funcionarios, contra la ordenación del territorio y desobediencia, el exalcalde zurgenero Cándido Trabalón, quien se enfrenta a 180 años de cárcel y 1.050 de inhabilitación, ha defendido una vez más que concedieron las licencias bajo sospecha con "informes técnicos y jurídicos favorables" y ha lamentado los "duros nueve años" transcurridos desde su detención en abril de 2007 hasta el juicio.
"Hubiésemos cometido prevaricación si hubiésemos votado en contra de esas licencias con informes favorables", ha afirmado Trabalón, quien ha recordado las cinco absoluciones en firme que avalan a la excorporación municipal zurgenera y que espera "sí tengan que ver con el desarrollo de este juicio, el más mediático, el más sonado pero que es más de lo mismo y conjunto de los más de 40 nos salieron".
El exalcalde ha señalado en declaraciones a los periodistas que en el caso 'Costurero' lo "único" que cambia es que "se han inventado un montón de cosas como cohecho, falsedad, o negociación prohibida" pero ha remarcado "todas son mentira", al tiempo que ha insistido en que las licencias están "correctas". "Todavía ningún juzgado nos ha dicho que normativa es real y aplicable en Zurgena y, mientras, hemos pasado estos nuevo años, bastante duros", ha concluido, ironizando sobre los años de cárcel que le pide el fiscal. "Difícil que los viva pero ojalá", ha dicho.
"COSTURERO ROTO"
Ya en sala, su abogado, quien se ha mostrado convencido de que, al término del juicio el caso quedará en "costurero roto", ha pedido la nulidad de las actuaciones desde que se produjo la entrada y registro en el Ayuntamiento el 2 de abril de 2007 mediante un auto "sin fundamentación y no firmado por el juez" y en base a escuchas telefónicas cuya nulidad también ha solicitado, al igual que la defensa del exedil de Urbanismo Manuel Tijeras a la que se ha adherido.
Precisamente el abogado de Tijeras ha pedido la nulidad de las escuchas y, por ende, de todos los registros porque en ese auto cuestionado se ordenaba intervenir objetos que estuvieran relacionados "exclusivamente" con delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación pero no respecto al cohecho o las negociaciones prohibidas a funcionarios.
El letrado de Trabalón ha alegado que, a lo largo del procedimiento y tras la anegación del sótano de la Comandancia de la Guardia Civil, se "ha roto la cadena de custodia" de las pruebas que se recabaron en esos registros y ha acusado a los agentes encargados de la investigación de "engañar" al juez instructor para que los ordenara esgrimiendo "obstaculización clara" de la administración local de Zurgena "que nunca que se produjo". "Ha sido un cúmulo de situaciones anómalas", ha dicho para hacer referencia, asimismo, a la "prescripción de los delitos de falsedad" y la concurrencia de unas "dilaciones indebidas muy cualificadas".
La sesión de este martes ha concluido después de que todas las partes hayan expuesto, en caso de considerarlo oportuno, las cuestiones previas y hayan pedido la práctica de nuevas pruebas testificales, periciales y documentales, por lo que ha quedado a la espera de que el tribunal resuelva dichas cuestiones tras las alegaciones presentadas y fije cuál va a ser el nuevo calendario.
Entre encausados en el caso 'Costurero', operación que explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo y el concejal de Urbanismo, figuran integrantes de las corporaciones locales de Zurgena entre 2003 y 2011, funcionarios públicos, empresarios promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura.
El fiscal atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares". Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
Para Tijeras, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión, y destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte de promotores.
'MODUS OPERANDI'
Tres fases distingue en la trama tejida por los dos principales procesados. En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal" de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.
En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno. Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama usando el "subterfugio" de tildar suelo no urbanizable como suelo urbano e indicar a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello". La tercera etapa se habría iniciado en febrero de 2006 cuando empezaron a usar la vía del silencio administrativo.
