Hace bien la alcaldesa, Mamen Sánchez, en anunciar que no se pondrá de perfil si Urbaser, la concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de basuras, no alcanza un acuerdo con los representantes de su plantilla en Jerez y finalmente se mantiene la huelga convocada antes de Reyes. Se trata de un servicio esencial para la ciudadanía que es responsabilidad absoluta del Ayuntamiento, independientemente de la forma en la que se gestione y explote en cada momento. La advertencia del gobierno socialista viene parapetada en un ‘confiamos en que ambas partes se pongan de acuerdo’ aunque el anuncio de mediación municipal vertido por la regidora socialista no es intrascendente ni casual.
Las partes por su cuenta solo se pondrán de acuerdo si el Ayuntamiento aumenta el presupuesto que gasta en el servicio –algo de difícil encaje financiero y contable en la actual coyuntura- y el personal regresa al convenio que regulaba sus salarios en 2011, al que renunciaron tras la huelga salvaje de 21 días sufrida hace solo tres años. Hay muchos matices por medio en la afirmación anterior pero sintéticamente el trasfondo es el que es. ¿Qué ocurrirá de lo contrario? No hay jerezano que no lo recuerde: 3.300 toneladas de basura acumulada en las calles, 300 contenedores pasto de las llamas y una alcaldesa y un equipo de gobierno a verlas venir y usando el estercolero urbano como arma arrojadiza contra la Junta –la campaña de las autonómicas llegaba meses más tarde-.
Cuanto peor, mejor, parecían traslucir con la pasividad que ofrecieron y esa negativa a negociar con ambas partes durante lo más enconado del conflicto. Finalmente, el anterior gobierno popular certificó el recorte del desembolso por esta partida en un 25%, que fue asumido fundamentalmente por los trabajadores con mermas en sus salarios y pluses –que no estuvo mal revisar, por cierto-, mientras que con la otra mano abonaba meses más tarde y gracias a los impagables préstamos ICO más de 88 millones de euros en facturas adeudas a la concesionaria.
Urbaser, propiedad del grupo ACS que preside Florentino Pérez, mantiene el contrato municipal desde hace 20 años, pese a que en la etapa de Pilar Sánchez como alcaldesa con mayoría absoluta ya hubo un conato serio de ruptura. La filial de la multinacional mantendrá la adjudicación de la gestión de este servicio público hasta 2019 –es difícil pensar ya en la remunicipalización- y ha percibido en el año que ahora expira unos 20 millones de euros de todos los jerezanos por prestar estos dos servicios imprescindibles. Políticos y especialistas en la materia no dejan lugar a la duda: la gestión directa es más rentable económica y socialmente.
Quizás ahora haya llegado el momento de exigir y ajustar cuentas con los poderosos y no seguir apretando la soga por la parte más débil. Probablemente ahora es el momento más adecuado para que haya un gobierno que anuncie que no se pondrá de canto ante un posible estallido de la paz social. Un equipo político que no permitirá, tres años después, nada parecido a aquellos 21 días de infierno que dieron la vuelta al mundo.
