El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha elevado exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que abra diligencias contra el parlamentario andaluz del PSOE y exdelegado de Medio Ambiente Francisco Javier Aragón por presunta implicación en el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote (Granada), a una finca cercana, han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
El aforamiento de Aragón le impide al juez de instrucción tomarle declaración, como solicitó el pasado 8 de abril la acusación popular, por lo que el magistrado Miguel Ángel del Arco ha tenido que elevar una petición al alto tribunal andaluz, en un caso en el que también están imputadas la actual delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Sandra García, y de la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria.
Las declaraciones de las delegadas ya se han fijado ante Instrucción 6 para los próximos 25 y 26 de junio, después de que fueran aplazadas el pasado mes de mayo.
El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.
El magistrado Miguel Ángel del Arco citó a declarar como imputada de los posibles delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente a García --también exdelegada de Medio Ambiente-- para el día 27 de mayo, y a Oria, el día siguiente, día 28, pero finalmente decidió aplazar sus comparecencias.
En una providencia de fecha 15 de abril, el Juzgado señalaba que cuando menos desde enero del año 2009, en que se asumieron por la Junta de Andalucía las competencias en materia de Aguas y se creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Granada tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión de Albolote, "y tenían por tanto un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias, al margen o de forma concurrente con el respectivo organismo de cuenca estatal, competente en materia de aguas y de vertidos a los cauces".
El juez incidía además en que, como delegados de la Consejería de Medio Ambiente, "tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra los responsables de la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, acaecidas en el tiempo en que fueron competentes en materia de control de las aguas, a través de la Agencia Andaluza del agua".
Como consecuencia de ello, "tenían entre 2012 y 2015, y siguen teniendo, el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante el Organismo de cuenca (CHG) la iniciación de expedientes sancionadores, o de iniciarlos ellos mismos en ejercicio de sus propias competencias".
De hecho, consideraba Del Arco que, como delegados, no han cumplido diversas normas autonómicas, y que, por ejemplo, con su "anuencia", se ha "prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva EDAR --la depuradora de la prisión--, a la que tienen derecho todos los ciudadanos".
Con respecto a la actual delegada de Medio Ambiente, el juez advertía de que "era y es perfectamente conocedora de la situación de los daños por contaminación procedentes de la prisión del Albolote, agravada incluso por las múltiples informaciones periodísticas aparecidas entre 2014 y 2015 en los medios de comunicación provinciales y regionales, sin que se haya acometido ningún tipo de actuación correctora o sancionadora por su parte, a pesar de tener competencias para ello, concurrentes con las estatales de la CHG".
