La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de San Roque se pregunta si alcalde y candidato del PSOE a la reelección, Juan Carlos Ruiz Boix, respetará “lo que tanto promulgan los partidos políticos de no llevar imputados en sus listas y si presentará su dimisión o, por el contrario, seguirá
haciendo lo que siempre ha hecho que es mirar su bien particular”.
Desde la Sección Sindical consideran que “sabiéndose imputado y el daño que podría ocasionar a su secretario nacional, en lugar de marcar distancias con Pedro Sánchez para protegerlo, va en su busca y se hace fotografías con su candidato a la presidencia del Gobierno para que salga en todos los medios públicos”.
Y aluden a lo vivido en 2011 por un edil socialista que “se vio obligado a dimitir de su cargo de concejal por el incidente con la Policía Local, en el que se negó a someterse al control de alcoholemia y por el que fue condenado a 4 meses de prisión y 60 días de trabajo a la comunidad por un juez”. Recuerdan
que el propio alcalde, Ruiz Boix, apuntó “que a los políticos se les exige mayor responsabilidad que a los ciudadanos”.
Así, se preguntan si ahora el alcalde “se aplicará la misma medicina y responsabilidad que aplico a su excompañero de partido”.
En CCOO son conscientes de que, de momento, solo hay una imputación, pero añaden que “se encuentra inmerso en un largo proceso y además pudiendo estar enfrentándose a unas acusaciones de atentar contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española”.
Apuntan también que los partidos han sido quienes han manifestado su intención de “no llevar imputados en sus lis-tas electoras, aunque bien sí que han podido hacer diferencias entre qué delitos si valen para poder ir en listas y cuáles no, por cuáles se puede dimitir y por cuáles no, amén de que también está muy claro el código ético del PSOE y uno de los puntos que recoge es no atentar contra las libertades”.
Apoyo al denunciante
La Sección Sindical señala asimismo que en las grabaciones que existen del pleno de febrero de 2013, que dio origen a la denuncia, “se aprecia perfectamente la postura correcta del agente que estaba realizando la grabación, que ni siquiera los que estaban más cerca se percataron de que estaba grabando y se ve cómo el alcalde llama al jefe de la Policía y le indica dónde se encuentra la persona
que graba”.
Para el sindicato, no se puede vincular la prohibición y expulsión de la persona que grababa, con el desalojo total del salón del pleno por una supuesta alteración del orden porque está todo grabado.
Numerosos procedimientos
CCOO critica que el alcalde, Ruiz Boix, “lleva mucho tiempo, ya desde que era concejal del fallecido alcalde Pepe Vázquez, teniendo un juego peligroso con los juzgados, bien contra su persona, bien contra el Consistorio, pero por resoluciones y actos del señor Boix”.
El sindicato recuerda que durante los casi cuatro años de mandato del socialista Ruiz Boix, “han sido numerosos los procedimientos a los que se ha tenido que enfrentan el Ayuntamiento a consecuencia de la actitud y prepotencia del actual alcalde” y esgrimen que ello supone un daño, no solo a los “innumerables trabajadores del Consistorio, sino también al gasto ocasionado a las arcas municipales, dinero de todos los ciudadanos”.
Otras causas
Aunque el enfrentamiento más largo y sonoro por parte del actual alcalde ha sido con la Policía Local, CCOO recalca que ha habido muchos otros con restantes trabajadores de todo el Ayuntamiento, como por ejemplo "cuando se negó a reconocer el pago de 70 euros por utilización de productos tóxicos a las trabajadoras que realizan la higiene de los edificios municipales, alegando que tenía un informe negativo de la interventora municipal, y curiosamente en estos momentos quiere contratar a un nuevo Jefe de la Policía aun con informe en contra tanto de la interventora como de la Secretaria General del consistorio, y por cierto, obligadas las trabajadoras que realizan las tareas de limpieza a llevar su reivindicación a juicio, fue ganado por estas".
Y añaden que "también se encontraba el señor Boix pendiente de algunas denuncias judiciales, pero esta vez denuncias por la vía penal, y estas aunque más caras y largas en el tiempo, una de ellas le viene a estallar a once días de las elecciones municipales, y se encuentra ahora mismo imputado y con fecha para prestar declaración ante un juez por un presunto delito de coacciones y prevaricación por impedir grabar un pleno municipal, y con ello posiblemente, el tiempo y la Justicia se pronunciará, si el señor alcalde ha ido contra uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española en su artículo 20".
