El PSOE ha mostrado su apoyo a las empresas isleñas de turismo activo que desarrollan su actividad en el litoral del Parque Natural Bahía de Cádiz, tras conocerse que Demarcación de Costas -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- quiere imponer el pago de un canon a estas empresas y obligarles a solicitar autorización para la realización de las actividades incluidas en sus propuestas de ocio como el senderismo, avistamiento de aves, kitesurf y un largo etcétera de iniciativas que la propia Demarcación de Costas reconoce en el escrito que el pasado enero remitió a la Junta de Andalucía ordenándole el cumplimiento de una interpretación dudosa de la Ley de Costas, a juicio tanto de la administración autonómica como de los socialistas de San Fernando.
La imposición de una tasa económica por actividad obligaría a las empresas isleñas, así como a otras de localidades limítrofes, a pagar unas cantidades que pueden suponer hasta un 10% de los ingresos de estos negocios, a lo que se suma una burocracia absurda para solicitar permiso cada vez que quieran realizar una actividad. “Todo ello podría tener consecuencias muy negativas para la economía de estas empresas”, explica la portavoz municipal socialista y candidata a la Alcaldía Patricia Cavada. “Tenemos que tener en cuenta además que hablamos de empresas pequeñas, por lo que las consecuencias serían aun más nefastas. Son emprendedores que están buscando salir adelante y además poner en valor nuestro recurso natural”. Cavada se muestra además sorprendida porque no consta que estas exigencias se estén llevando a cabo en otras provincias.
Las exigencias de Costas afectarían a actividades tan sencillas como la observación de estrellas desde la playa por parte de grupos concertados, avistamiento de aves, ecoturismo y educación ambiental, kayaks… La inocuidad de estas iniciativas es manifiesta, así como lo inapropiado de cobrar un canon basado en un supuesto lucro, al tratarse de actividades que no suelen precisar ocupación concretas de bienes de dominio público marítimo terrestre ni requieren obras o instalaciones, ni conllevan un aprovechamiento de dichos bienes, elementos que, según el artículo 181 del Reglamento de costas, son los que deben ser considerados a la hora de la determinación de un posible canon por utilización lucrativa, por lo que deduce que en la mayoría de los supuestos no es el caso.
Patricia Cavada ha manifestado que el Ayuntamiento debe implicarse en este asunto y tratar de solventar el conflicto, principalmente porque afecta a un nicho de empleo del municipio “y San Fernando no está para que se perjudique y exija más a las empresas, sino todo lo contrario: para apoyarlas y favorecer su mantenimiento”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presentará una propuesta en el próximo Pleno ordinario, en la que reclamará que desde el Ayuntamiento se solicite una reunión en la que estén presentes responsables de la Demarcación de Costas, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la dirección del Parque Natural Bahía de Cádiz y responsables de las distintas empresas de turismo activo que realizan su actividad en San Fernando, y que por parte del Ayuntamiento en dicha reunión se proponga llegar a un acuerdo para la no aplicación de esta interpretación de la normativa que conlleva el cobro de un canon y una especial autorización. Hasta este momento, cabe destacar que la Junta de Andalucía ya ha mantenido un contacto con las empresas afectadas por esta decisión.
