Más de 8.000 juristas, entre ellos jueces, fiscales y sobre todo abogados, han 'bombardeado' la red social de Twitter con decenas de imágenes en las que denuncian la lentitud de la Justicia y en la que se muestran providencias con juicios por despido señalados para 2019.
El aluvión de quejas muestra fragmentos de resoluciones de distintos juzgados españoles, donde se fijan juicios y vistas de conciliación para 2016, 2017, 2018 o 2019 o incluso se comunica que "dada la saturación de la agenda, se difiere el señalamiento de juicio" para celebrarlo "a la mayor brevedad posible".
"Dada la acumulación de trabajo de este órgano judicial, se procederá al señalamiento de juicio siguiendo el orden que por turno corresponda", se puede leer en la providencia dictada por otro magistrado. En todas ellas no aparecen datos personales de los afectados por cada caso.
Los comentarios circulan bajo el hagstag #JusticiaTardiaNoEsJusticia y alertan de que juicios por despido, impagos de nóminas, reclamaciones de cantidad, cláusulas suelo o asuntos de familia se pueden retrasar años.
NO BASTA CON AGILIZAR LA JUSTICIA PENAL
Los juristas, muchos agrupados bajo la 'Brigada Tuitera', advierten al Gobierno de que no basta con agilizar las causas penales que afectan a casos de corrupción, sino que es necesario aumentar la inversión en todos los órdenes jurisdiccionales para dar respuesta a ciudadanos anónimos acuciados por el desempleo o con reclamaciones sobre enfermedades pendientes.
"No es tan caro, con los 500 millones recaudados con las tasas, podían haber cambiado la cara a la Administración de Justicia y no han destinado un céntimo", explica el abogado José Muelas, que pone el ejemplo de que medidas urgentes en juzgados de familia se pueden alargar un año y al final pueden desatarse situaciones de "violencia" u otras que podrían haberse evitado con una resolución del conflicto más rápida.
En cuanto al proceso penal, el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, ha reclamado más medios y ha advertido de que "nadie cometería un delito contra la corrupción si va a tener una respuesta judicial rápida".
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) o el Foro Judicial Independiente (FJI) han mostrado su apoyo a esta campaña que moviliza desde hace meses a miles de profesionales de la Justicia.