El tribunal de la Sección Cuarta presidido por la juez Teresa Palacios dará inicio mañana al interrogatorio de dos directivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), su exdirector general Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos de 18,9 millones de euros a este último.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 90.000 euros para López Abad, director general de la entidad desde 2001 hasta su nacionalización en 2011, por apropiación indebida o, alternativamente, tres años de prisión por un delito societario continuado. Para Avilés pide dos años y medio de prisión por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.
También pide que el Banco Sabadell, que adquirió la caja por el precio simbólico de un euro, reciba una indemnización de 1.494.029 euros que tendrán que abonar de forma solidaria López Abad, Avilés y otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones.
Esta sociedad, participada al cien por cien por la CAM, se creó, según la Fiscalía, para que los directivos pudieran cobrar dietas irregulares, que oscilaron entre los 9.000 y los 308.700 euros que se asignó Avilés.
Por su parte, la CAM solicita, a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario (FROB), una pena de seis años para López Abad y de diez para Avilés, además de la imposición de sendas multas de 146.000 euros y el pago una indemnización de cinco millones de euros que se destinaría al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
UN "BURDO INSTRUMENTO" PARA INFLAR LOS SUELDOS
El representante del Ministerio Público destaca en su escrito provisional de acusación que, a partir de 2005, López Abad "buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos".
Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de "cercenar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja", López Abad creó la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que debía funcionar como comisión de control de todas las empresas participadas por la caja.
En opinión de la Fiscalía, este órgano fue "un mero y burdo instrumento" ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre cajas de ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".
La Junta General de TI, reunida el 26 de junio de 2006, acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció para el segundo semestre de 2006 una dieta de 16.400 anuales --frente a los 8.200 que tenía establecida la caja hasta ese momento-- y para los años sucesivos de 32.800 euros. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y estableció que los "cargos internos" cobrarían el doble.
En 2008 TI acordó elevar la anterior "dieta" a la cantidad de 80.000 euros anuales para el presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés, 40.000 anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales para el resto de los miembros.
En septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de TI fue suprimida y todos sus miembros cesados por decisión de los administradores provisionales de CAM designados por el FROB.
Tras destacar en su escrito que la Comisión se reunió en 16 ocasiones, Anticorrupción apunta que en todos estos encuentros y, con excepción de los casos en que procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia estructura, "la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y control de la sociedad".
"ATENTO A SUS INTERESES PERSONALES"
Avilés, además, aprovechó su influencia en la entidad para conceder a 'La Vereda de Sucina', una empresa que controlaba a través de sociedades interpuestas y varios familiares, préstamos para operaciones inmobiliarias por un total de 18,9 millones de euros.
Anticorrupción señala que, "además de cobrar de la CAM una dieta de 3.336 euros como presidente de la Comisión de Control, estuvo durante todo ese tiempo mucho más atento a sus intereses personales e intentó de diversos modos presionar a los directivos de CAM para que ésta le comprara su promoción, y le liberara así de los perjuicios económicos que la misma le había ocasionado".
Sin embargo, la asunción por parte del FROB de la administración provisional de CAM "impidió, no obstante, que esta operación llegara a realizarse". Para sortear el control del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y renovar sus préstamos, llevó a cabo la simulación de participaciones por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste, a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.
La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos en condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia.
AVILÉS DEMOSTRARÁ SU "INOCENCIA"
Durante la primera jornada de la vista oral celebrada el pasado jueves y que se dedicó a la exposición de las cuestiones previas, Avilés se mostró convencido de que demostrará su "inocencia".
"Ya lo he dicho por activa y por pasiva, he venido aquí a demostrar mi inocencia", aseguró en declaraciones a los medios en la primera jornada de la vista oral. "No lo digo yo, lo dicen los escritos", añadió.
