La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto tres procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de 22 viviendas protegidas en la provincia de Almería. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 1.320.000 euros.
Fuentes del departamento que dirige Elena Cortés han precisado a Europa Press que el motivo de apertura de los expedientes es no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda.
Los expedientes parten de que los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social. Los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
En concreto, a las entidades financieras que se les ha abierto un expediente sancionador son Banco Popular por 15 viviendas de las que siete están en El Ejido, dos en Almería, otras dos en Roquetas, y el resto en Vera, Vícar, Cuevas de Almanzora y Huércal Overa; a BBVA por cinco viviendas ubicadas en Almería, El Ejido y en Vícar, donde hay una; y a Servihabitat por dos viviendas, una en Albox y otra en Los Gallardos.
Estas 22 VPO no son las únicas sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería que dirige Elena Cortés ha logrado acreditar a partir de la información remitida por las propias entidades financieras en cumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda.
185 VIVIENDA PROTEGIDAS NO OFRECIDAS EN TODA ANDALUCÍA
En total, se trata de 185 viviendas protegidas en Andalucía que no han sido ofrecidas a los registros municipales. Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva. Las posibles sanciones ascienden a 11,1 millones.
Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave. La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda, tal y como informó Elena Cortés en el Parlamento el pasado 3 de abril.
La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.
Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.
