La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) necesitan un protocolo para aclarar cómo actuar ante el intento de entrada de grupos de inmigrantes a través de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Durante su comparecencia en el Congreso para detallar la memoria de la institución de 2013, Becerril se ha referido al último asalto multitudinario a la valla que separa Melilla de Marruecos esta mañana, tras el que han conseguido entrar cientos de inmigrantes.
"Es de una necesidad absoluta convencer a la UE de que somos frontera sur de Europa y que eso requiere una política común que no es meramente la política española y que con Frontex no basta; hay que ir más allá", ha dicho Becerril.
Además, ha destacado la cooperación con Marruecos, pero ha considerado que "no es todo lo fuerte o lo suficiente" que se necesita ante estas situaciones.
La defensora ha destacado el respaldo de la institución que preside y del Parlamento a las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero ha planteado la prioridad de que se elabore un protocolo "donde se aclaren los modos de actuación en determinadas circunstancias, como la entrada de grupos" de personas en situación irregular.
A pesar de que sea un número alto el de inmigrantes que se encuentran en los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla, ha dicho, ha planteado la exigencia de que se identifique a los colectivos o personas vulnerables, como víctimas de trata, menores, o personas que piden protección por asilo o refugio.
"La Ley de Extranjería es la que tenemos y exige que deben ser puestas a disposición de la Policía que actúan de acuerdo con un protocolo largo de identificación", ha señalado la defensora, quien ha lamentado la saturación de los centros y ha destacado el esfuerzo de los funcionarios.
No obstante, ha explicado que va a haber una dotación presupuestaria para mejorar los centros de Ceuta y Melilla, y posiblemente para algún otro como Algeciras.
La defensora ha valorado el Reglamento aprobado por el Gobierno y ha destacado que recoge algunas de las recomendaciones efectuadas por la institución, como aumentar la presencia de ONG o de funcionarios que atiendan los aspectos sociales, además de facilitar el contacto de los inmigrantes con abogados.
