La alcaldesa, María José García-Pelayo, aclaró ayer que de las 60 personas que han finalizado los contratos de exclusión social suscritos al amparo del decreto promovido por la Junta de Andalucía apenas una docena no tendrá derecho a percibir un subsidio de desempleo.
García-Pelayo explicó que esos datos corresponden a los afectados que habían acudido a la Delegación municipal de Bienestar Social hasta el pasado jueves, aunque se mostró convencida de que pueden ofrecer una pista del volumen de personas que no percibirá subsidios tras culminar esta relación laboral de carácter temporal.
El Gobierno local sigue manteniendo reuniones periódicas con los representantes de las más de 400 personas que se beneficiaron de estos contratos, algunas de las cuales se siguen concentrando a diario ante las puertas del Consistorio.
Además, García-Pelayo se ha felicitado por el hecho de que la Junta de Andalucía haya admitido ya públicamente que en próximos decretos deben tenerse en cuenta este tipo de casos, mejorándose el texto en lo posible para evitar que algunos beneficiarios queden en situación de desamparo una vez finalizados los contratos temporales.
“Van a aprobar un nuevo decreto que corrija los errores del anterior y creo que es algo importante. La previsión es que este nuevo decreto se apruebe sobre el mes de abril y para ello la Junta está pidiendo opinión tanto a los ayuntamientos como a las propias organizaciones sociales”, explicó la primera autoridad municipal.
García-Pelayo lamentó a este respecto que la Administración autonómica no estuviera “rápida” en el primer decreto a la hora de comprobar que podía darse el caso de las contrataciones por tres meses no llevaran aparejada una cotización por este mismo periodo de tiempo, algo que ahora se pretende corregir.
