El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba quiere que el Pleno de la institución provincial, en su próxima sesión ordinaria de este jueves, rechace la reducción de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) que el Gobierno del PP destina a Andalucía.
En rueda de prensa, la portavoz adjunta del PSOE en la Diputación, Isabel Niñoles, ha explicado que Andalucía y por extensión la provincia "no puede estar satisfecha ni de acuerdo con el reparto que ha llevado a cabo el Gobierno del PP y que implica un descenso de 418 millones de euros en la cuantía que le corresponde a nuestra comunidad autónoma".
Niñoles ha asegurado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) "no ha tenido en cuenta las aspiraciones de Andalucía de mantener intacta la cuantía que le había venido correspondiendo en los anteriores repartos de la PAC".
La moción que el Grupo Socialista va a presentar en el Pleno de este próximo jueves afirma que "la decisión del Gobierno del PP de reducir los fondos correspondientes a nuestra comunidad autónoma supone un auténtico atentado contra el progreso de esta comunidad, que se une a las múltiples afrentas que el Gobierno central está realizando contra Andalucía".
Por ello, además de rechazar el reparto llevado a cabo por el PP de los fondos de la PAC, el PSOE solicita a la Diputación que pida la inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio, con el objeto de proceder a un nuevo reparto.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista también se ha referido a la otra iniciativa que los socialistas presentarán en el próximo Pleno y en la que se insta al Gobierno a retirar la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La moción recoge que debe de mantenerse una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapeútica, lo que, según ha señalado Niñoles, "implica el rechazo de la reforma promovida por el ministro Gallardón y el mantenimiento de la ley aprobada en 2010".
Para el Grupo Socialista, es necesario que el Gobierno descarte la reforma anunciada y prescinda de cualquier iniciativa que "debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo", para así garantizar "el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que la solicite.
