El Ayuntamiento trabaja desde varias delegaciones, Igualdad y Bienestar Social, Urbanismo y Vivienda, para ayudar a las personas afectadas por el riesgo de derrumbe de la cubierta del edificio situado en la calle Andalucía 7. De momento, desde la delegación de Asuntos Sociales, que dirige la edil Paula Conesa, se ha procedido al realojo de dos familias afectadas directamente mientras se lleva a cabo el apuntamiento del edificio. Dicho apuntalamiento lo efectuará la Gerencia de Urbanismo por ejecución subsidiaria. A la par, el responsable político de la Gerencia, Diego González de la Torre, realiza gestiones ante EPSA y la Junta de Andalucía para que colabore en la reparación que precisa la vivienda, quizás incluyéndola dentro de algún plan de rehabilitación, ya que, aunque sea una propiedad privada, se trata de familias de escaso poder adquisitivo. Finalmente, desde la delegación de Vivienda, que dirige el concejal Segundo Ávila, se tramitan alquileres sociales para el tiempo que dure la obra que precisa el inmueble.
El tema se refiere a un bloque de tres plantas (baja más dos) con doce viviendas en total, aunque solo hay tres afectadas por la amenaza de derrumbe del techo y una de ellas –situada en la última planta y donde se ha originado el problema- está deshabitada. Según los informes técnicos, el mal estado del techo se debe a la falta de mantenimiento y a la antigüedad del inmueble, y se ha visto agravado por las fuertes lluvias de los días, originando riesgos de derrumbe. A la vista de la situación, desde Urbanismo se acordó el apuntalamiento de las tres plantas afectadas para garantizar la seguridad y la estabilidad del inmueble a corto plazo, mientras los vecinos adoptan las medidas necesarias.
Paralelamente, desde Bienestar Social se ha ofrecido alojamiento a los dos vecinos de las plantas inferiores mientras se procede al apuntalamiento.
Igualmente se ha informado a los vecinos sobre los pasos a seguir en materia legal, ya que han transmitido que la falta de mantenimiento del edificio se debe a problemas internos de la comunidad debido a la falta de pago de algunos de los propietarios.