El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez (PP), ha asegurado, con respecto al caso 'Quality Food' en el que se investiga el presunto quebranto de unos 30 millones de euros para las arcas del Consorcio de la Zona Franca, que los abogados del Estado de la Zona Franca "avalaron" la adquisición por parte del propio Consorcio del 52 por ciento de las acciones de la empresa alimenticia 'Quality Food', en el comité ejecutivo celebrado el 23 de diciembre de 2003, ya que, según el Consistorio, "tuvieron la oportunidad de rectificar el acta aprobada en dicho comité en varias ocasiones y no lo hicieron en ningún momento ni pusieron reparo alguno".
El gobierno local ha recordado en un comunicado que en dicho comité ejecutivo se adoptó este acuerdo, "a propuesta precisamente de los abogados del Estado", que consistía en que se realizaría la compra del 52 por ciento de las acciones de la empresa 'Quality Food', a lo que ha explicado que "se aclaró", además, que "si éstas valieran menos de la cantidad estipulada, el propietario de la empresa, Manuel García Gallardo, tendría que otorgar a la Zona Franca un mayor número de acciones".
En este sentido, ha señalado que "hay una sentencia firme de un juzgado de Cádiz que afirma que la valoración de la empresa es de 13 millones de euros, es decir, más de lo que pagó finalmente la Zona Franca por su porcentaje en la empresa 'Quality Food'".
Asimismo, ha añadido que en el comité ejecutivo que se celebró dos semanas más tarde, "el exdelegado Miguel Osuna expuso que García Gallardo había aceptado esta propuesta", aunque "éste intentó engañar al Consorcio, motivando la denuncia de Zona Franca" y, ahí, "los abogados del Estado no pusieron objeción alguna a lo acordado en el comité celebrado el 23 de diciembre de 2003".
Del mismo modo, ha indicado que "no cabe en cabeza razonable que Osuna, que fue el que denunció y llevó a los tribunales por estafa a García Gallardo, quisiera favorecerlo pagándole más de lo que tuviera que cobrar".
El 24 de enero de 2004 se volvió a reunir el comité y se aprobó el acta del anterior, "sin que los abogados del Estado pusieran reparo alguno a los acuerdos adoptados", asegura. Posteriormente, durante los meses de febrero y marzo, se celebraron varios comités ejecutivos en los que se explicó, entre otras cosas, la situación de la empresa 'Quality Food' y, en este caso, según el gobierno local, "los abogados siguen sin poner objeciones al acuerdo".
Según ha insistido el Consistorio, el 4 de abril de 2004 se celebró un Pleno en el que el exdelegado explicó el acuerdo del comité del 23 de diciembre de 2003 y "todos los vocales, incluidos los propuestos por el PSOE, así como Nuria Maroto, esposa de uno de los abogados del Estado, apoyaron por unanimidad las medidas adoptadas por Osuna". En este Pleno tampoco hacen los abogados del Estado matización a lo expuesto por el exdelegado".
El 29 de abril de 2004, tiempo en el que "el Partido Popular ya no está en el Gobierno central", ha recordado, el exedelegado Miguel Osuna propuso que toda la documentación relativa a 'Quality Food', incluyendo el acta del comité del 23 de diciembre de 2003, "se remitiera, para su custodia y para que se evitara su manipulación o alteración, al Ayuntamiento de Cádiz y a la Abogacía del Estado", ante lo que el gobierno local ha insistido en que "los abogados no sólo no se opusieron sino que recibieron esta documentación".
De esta manera, ya en el Pleno del de enero de 2005 y "una vez que el socialista José de Mier es el delegado de la Zona Franca", se da cuenta de todas las actas de los comités ejecutivos celebrados desde el 23 de diciembre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004, "sin que los abogados del Estado realicen ninguna matización ni rectificación al respecto", reitera.
Es por ello, que el equipo de gobierno ha aseverado que "los abogados del Estado siempre han estado presentes en los órganos donde se tomaron las decisiones y si hubieran visto cualquier irregularidad lo deberían haber comunicado e impugnado", por lo que ha considerado que "es curioso que ahora que han pasado diez años sean los mismos abogados los que ven las irregularidades cuando los acuerdos se tomaron bajo su asesoramiento".
IMPUTACIÓN DEL EDIL IGNACIO ROMANÍ
Por su parte, en relación a la imputación del consejero del PP en la Zona Franca, diputado provincial y edil del Ayuntamiento de Cádiz Ignacio Romaní, de la que, según el Ayuntamiento, "aún no tiene conocimiento oficial", ha señalado que "se trata de una garantía procesal y no significa ninguna condena". Igualmente, ha manifestado que creen que "es una estrategia de la defensa de Manuel García Gallardo, que curiosamente coincide con la estrategia de los abogados del Estado".
"Esta supuesta imputación es mediática y quedará en nada y lo que busca es distraer la atención sobre García Gallardo, vinculado familiarmente con una dirigente socialista, y, así, coincidir con los planteamientos de la Abogacía del Estado", ha advertido el Consistorio, quien ha asegurado que "el tiempo y la justicia les dará la razón al igual que en el caso 'Rilco', en el que Miguel Osuna quedó finalmente absuelto".
