La discriminación sindical ha sido la moneda con la que se ha pagado por parte de los directores de centros educativos, o al menos de uno de ellos, a los representantes sindicales de los auxiliares administrativos en el largo conflicto que padecen desde el pasado mes de enero.
Así, ha sido el sindicato Ustea el que ayer mismo denunciaba dicha represión contra los representantes de estos trabajadores, los cuales no se han reincorporado aún a su puesto de trabajo y que luchan desde el pasado enero contra su precariedad laboral.
La venganza se ha personificado en la figura de Esther Porquicho, presidenta del Servicio de Apoyo Administrativo de este comité de empresa y miembro de Ustea, la cual sabe que a día de hoy en uno de los dos centros públicos donde desempeñaba sus labores, el colegio Andalucía, de San Fernando, no cuentan con ella y aunque sus compañeros regresarán al trabajo quizá mañana, ella irá al paro. “El director del colegio Andalucía abiertamente me ha cerrado las puertas”.
Ayer mismo a mediodía, las trabajadoras del servicio y afines se concentraron a las puertas del centro isleño Andalucía, lugar de trabajo de la presidenta del comité de empresa. Desde allí, los representantes sindicales denunciaron la represión sindical “facilitada por la Delegación de Educación y ejecutada por los directores, ya que la nueva disposición transitoria de la Junta delega en los directores de los centros la búsqueda de las empresas que presten los servicios administrativos”. Pancartas de “No a la represión sindical o “Readmisión ya”, era el paisaje que podía contemplarse a la entrada del CEIP.
Sí parece que de los 92 auxiliares administrativos que en el día de ayer no se reincorporaron a sus puestos de trabajo tras la rescisión del contrato que la Delegación de Educación llevó a cabo con la empresa Sistemas Territoriales Integrados (STI) por los incumplimientos de ésta, 91 sí encontrarán acomodo y una de ellas no.
Cabe recordar que un total de 139 colegios gaditanos carecen de los servicios que prestan los administrativos, entre los que se encuentran la tramitación de matrículas, expedientes o gestiones económicas, entre otros.
Por último, y volviendo a la reivindicación del colectivo, es bueno saber que la solución que Educación buscó fue que la adjudicación del servicio recayera en manos de los directores de los centros públicos, pero en lo que no da marcha atrás la administración andaluza es que es ella quien ordena que hay que pagar nueve euros la hora de trabajo por administrativo a la empresa adjudicataria del servicio, y que esta empresa debe sacar beneficios, con lo que lo que queda para el trabajador dista mucho de ser un salario digno.
