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El Puerto

José Antonio reclama el cumplimiento del convenio

Por parte de la delegación de la Junta de Andalucía

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  • ASAMBLEA -

Tras varias reuniones, en los últimos meses, con el Delegado Territorial de Fomento y Vivienda para concretar los realojos de los vecinos de José Antonio a las viviendas de Santa Clara y las intervenciones sociales necesarias para que las nuevas viviendas no se conviertan en otro ‘ghetto’, como ya ocurriera con la antigua Santa Clara, los representantes de los vecinos, José Oliva y Elena Corzo, convocaron en asamblea a los vecinos para explicar cómo está la situación a menos de seis meses de terminación de las obras.

Así, se ha informado que se han producido algunas dificultades, ya que por parte de la Junta se hacen propuestas que no se atienen a lo recogido en el convenio, y casi siempre “queriéndolas justificar con la razón económica”. De esta forma, entienden los representantes que dichas propuestas van en prejuicio de los vecinos y de la intervención integral que hay que realizar en el entorno de Santa Clara.

El acuerdo alcanzado en su día con la Junta de Andalucía contemplaba la expropiación de las actuales viviendas, tasadas cada una de ellas en 43.660,80 euros, los cuales serían entregados a modo de entrada para los nuevos pisos, quedando luego pendiente el pago del resto del valor de la nueva vivienda. El convenio también recoge, según expresa José Oliva que “debido a la precariedad económica de los vecinos, una vez realizadas las expropiaciones de las personas que se van a trasladar a Santa Clara, se pueda cobrar en metálico al menos una parte de su precio para poder hacer frente a los gastos que ocasiona el cambio de vivienda”.

En el convenio también se contempla la necesidad de intervenciones sociales que den respuesta a la grave problemática de tipo socio-económico que viven los vecinos y el entorno donde se han ubicado las nuevas viviendas. En este sentido, Elena Corzo manifiesta que “los vecinos están preocupados por la forma en la que se va a hacer el traslado a las nuevas viviendas para que haya garantías de una adecuada convivencia y no se vuelvan a vivir situaciones de conflictividad social”. Muchos vecinos manifestaron en la asamblea que están temerosos de que estos nuevos “ladrillos y muros hagan que nuestros políticos no vean la cruda realidad que azota este barrio y que venimos padeciendo desde hace más de 10 años”.

 

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