El grupo Popular del Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla) ha avisado de las particularidades que rodean a unas gratificaciones concedidas por el Gobierno municipal de Manuel Berajarano (PSOE) a 20 empleados públicos por un valor absoluto de 94.653 euros, así como las productividades otorgadas a otros dos por un importe de 9.805 euros. Los populares, en concreto, ponen de relieve que un informe de la Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento, cuyas discrepancias ha resuelto la Alcaldía, señala su posible "ilegalidad" al no mediar planes previos de productividad ni estar debidamente acreditadas las horas adicionales relacionadas con las gratificaciones.
En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, el 31 de diciembre de 2012 el primer edil emitió un decreto de Alcaldía destinando 94.653 euros para "gratificaciones" en favor de 20 trabajadores municipales y 9.805 euros en concepto de "productividad" para dos empleados. El decreto de Alcaldía, en ese sentido, esgrimía los "trabajos extraordinarios" realizados por estos empleados públicos y concedía estas retribuciones no sin antes "resolver las discrepancias" mostradas al respecto por la Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento en un informe fechado el 28 de diciembre.
Sobre este aspecto, el portavoz municipal del PP, Rafael Pineda, manifiesta que dicho informe pone de manifiesto, textualmente, que en el Ayuntamiento "no existen programas de productividad aprobados en el pleno" que justifiquen las citadas dos productividades, toda vez que respecto a las gratificaciones, el mismo informe señalaría la ausencia de "acreditación de horas adicionales", con lo que dichas gratificaciones serían "ilegales y arbitrarias al no responder al concepto legal de gratificación y resultar sin fundamento y desmesurados sus importes", según señala Pineda remitiéndose al contenido directo del informe de la Intervención.
En ese sentido, Rafael Pineda ha avisado de que estas gratificaciones y productividades "abusivas, desproporcionadas y arbitrarias" cuya legalidad pone incluso en duda merced al informe de la Intervención contrastan con la evolución al alza de los impuestos. Y es que, según Pineda, las ordenanzas fiscales de 2013 contemplan un incremento del "35 por ciento" en el impuesto sobre bienes e inmuebles (IBI) respecto a 2012, toda vez que dicho impuesto habría experimentado un crecimiento "del 110" por ciento respecto al año 2007.
"Es paradójico. Suben el IBI pero no ahorran en conceptos de personal, ni siquiera en el personal político", ha criticado Rafael Pineda.
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