La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha denunciado que “el presidente Loaiza ha decidido tomar a los trabajadores del Ayuntamiento de San Roque y a los proveedores de ese Consistorio como rehenes en su guerra partidista contra el PSOE”.
Irene García ha hecho estas manifestaciones después de que el alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, haya revelado que ese Consistorio no ha recibido de la Diputación los 2,1 millones de euros del anticipo correspondiente a marzo de la recaudación de los impuestos municipales que ingresa la Corporación provincial.
“El alcalde de San Roque lo ha dicho claramente: esta actitud del Gobierno provincial es toda una muestra de su talante autoritario y dictatorial”, ha asegurado la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz, quien ha recordado que el propio regidor ha puesto de manifiesto que San Roque ha sido el único municipio de los 42 cuyos impuestos son recaudados por la Diputación que no ha recibido el adelanto correspondiente al pasado mes de marzo.
Irene García ha explicado que “como la generalidad de los ayuntamientos de la provincia, el de San Roque cuenta mensualmente con ese adelanto para afrontar el pago de las nóminas de los empleados municipales. Un adelanto que, hay que recordar, no responde a una concesión graciosa del Gobierno provincial sino que está regulado por un convenio y responde a dinero que es de los sanroqueños y de las sanroqueñas porque proviene de los impuestos pagados en esa ciudad”.
“De esta manera, la decisión de castigar al Ayuntamiento y al alcalde sanroqueños por su decisión de abandonar el Servicio Provincial de Recaudación con vistas al próximo año 2014 por considerarlo excesivamente oneroso ha obligado al Gobierno local a tener que afrontar el pago de los salarios municipales recurriendo a recursos propios que podrían haberse destinado al pago de los proveedores municipales”, ha asegurado.
La portavoz del Grupo Socialista ha llamado la atención sobre el “auténtico atropello a la normalidad institucional cometido por el Gobierno provincial del PP, que ha perdido ya todo el pudor a la hora de actuar, sin disimulo alguno, con un absoluto sectarismo, pasando por encima de otras instituciones e incluso del interés de la ciudadanía. Porque el impago arbitrario de esta cantidad se ha traducido en un retraso en el ingreso de la nómina para unas 600 familias, correspondientes a los trabajadores del propio Ayuntamiento y de las empresas municipales”.
Irene García ha coincidido con el alcalde sanroqueño en que “el impago injustificado del adelanto correspondiente al mes de marzo, después de meses durante los que el Gobierno del PP retuvo de manera caprichosa el importe de la liquidación de 2012, representa un grave incumplimiento del convenio que regula las relaciones entre el Servicio de Recaudación y el Ayuntamiento, porque no existe ni una sola razón que pueda justificar esta situación desde el punto de vista económico ni administrativo, ya que se trata de un castigo con una finalidad política”.
La portavoz y secretaria general ha llamado la atención sobre el “preocupante doble rasero que el presidente Loaiza y el Gobierno provincial del PP aplican a los municipios, dependiendo de si comparten o no el color político de sus dirigentes”. “El Ayuntamiento de San Roque, aun discrepando del funcionamiento del Servicio Provincial de Recaudación, ha mantenido en todo momento un talante dialogante y negociador. De hecho, su alcalde ha tratado reiteradamente de hablar con el propio presidente Loaiza en las últimas semanas, y únicamente ha recibido un constante desprecio. A cambio, cuando ha mostrado su decisión de salirse del Servicio de Recaudación de manera programada y cumpliendo el procedimiento establecido para ello a partir de enero del próximo año, el Gobierno de la Diputación ha decidido castigar caprichosamente a este Ayuntamiento, no pagándole un dinero que le corresponde legal y moralmente”, ha dicho.
“Esta actitud -ha continuado Irene García- dista enormemente de la mantenida por el Gobierno provincial del PP cuando quien rompió el convenio de recaudación, de la noche a la mañana además, fue el Ayuntamiento de Jerez, gestionado por una alcaldesa del Partido Popular. En aquel momento, la respuesta del presidente Loaiza no pasó en absoluto por defender los intereses de la Diputación sino que concedió al Consistorio jerezano toda serie de facilidades para ponerse al día en el quebranto de más de 17 millones de euros causados en las arcas provinciales. Unas facilidades que, dicho sea de paso, no son ni remotamente parecidas a las que se establecen para otros municipios que sí actúan lealmente con la Diputación y con el resto de localidades de la provincia pero que no comparten las siglas políticas del presidente de la Corporación”, ha concluido.
