Los parlamentarios andaluces del PP de Málaga han anunciado este martes que llevarán al Parlamento autonómico una Proposición No de Ley (PNL) en la que se exige el mantenimiento de los puestos de trabajo de aquellas personas encargadas de tramitar los expedientes de la Ley de Dependencia, en peligro tras el recorte de más de 10 millones de euros que el Gobierno andaluz ha anunciado recientemente.
Así lo ha señalado la parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña que ha estado acompañada por su homóloga y también vicesecretaria de acción política en el PP, Antonia Ruiz Oliva, y el responsable de acción social, Julio Andrade. Oña ha precisado que si se suprimen los contratos de estas personas se producirá "una mala aplicación de la Ley de Dependencia y también un recorte de los derechos de los andaluces en materia social".
Por ello, en la PNL que los parlamentarios del PP de Málaga defenderán en la Cámara andaluza se plantea, además del mantenimiento de estos puestos de trabajo, que se habilite una partida presupuestaria de 1,6 millones de euros que cubra el recorte planteado por el Gobierno andaluz en Málaga, que deja a 40 trabajadores sin empleo.
"No pedimos que aumenten los presupuestos, si no que hagan una racionalización del gasto, y cojan por ejemplo de los cuatro millones de euros que el bipartito dedica a las embajadas andaluzas en el extranjero, de los 10 millones de euros del Plan Bicicleta, o de parte del incremento de 16 millones de euros en los presupuestos de Canal Sur", ha enumerado la parlamentaria, que se ha preguntado "cuál será la actitud y el sentido del voto de los parlamentarios del PSOE malagueño ante una petición tan sensata y que aboga por mejorar la dependencia y proteger a los trabajadores".
"BUQUE INSIGNIA"
Asimismo, Oña ha recordado que la Junta de Andalucía ha recortado en Bienestar Social 777 millones de euros, el "buque insignia de la izquierda andaluza que es Bienestar Social, Sanidad y Educación está hundido porque no se han respetado las líneas rojas infranqueables de la izquierda en su doctrina política".
"En Dependencia, Mayores y Discapacidad Global se han recortado más de 78 millones de euros, y dentro de Dependencia en la partida destinada a los contratos de las personas que tramitan los expedientes para la Ley de la Dependencia se han recortado 10 millones de euros", ha añadido la también alcaldesa de Fuengirola (Málaga).
La 'popular' ha precisado que "no hay justificación doctrinaria ni económica" ya que ha destacado que el Gobierno de la Nación ha aportado 16 millones más en materia de Dependencia para Andalucía en vía presupuestaria.
Por último, ha señalado que los Ayuntamientos y Diputaciones son los encargados de gestionar las solicitudes y expedientes de la Ley de Dependencia y, a consecuencia, "los recortes que se hacen en la transferencias a los Ayuntamientos suponen el despido automático a una serie de personas en la Comunidad Autónoma y en la provincia de Málaga", ya que el recorte de la Junta de Andalucía "supone una bajada del 48'5 por ciento de los recursos económicos para la tramitación de la Ley de Dependencia".
