Pocas veces se dispone de la oportunidad de unir en una misma tertulia a cuatro titulares de juzgados de diversa índole, todos ellos pertenecientes a un mismo partido judicial. Miguel del Castillo es juez decano y titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, Francisco Ledesma tiene la responsabilidad del Contencioso-Administrativo número 1; Javier Roa es juez del órgano de Primera Instancia número 4; y Guillermo Oteros Valcarce es magistrado del Juzgado de lo Social.
—Algunos de sus compañeros reconocen que Algeciras no es un destino atractivo para jueces y fiscales. ¿Existe tanta movilidad geográfica entre los jueces de aquí?
—Del Castillo: A decir verdad, la media de permanencia de los jueces en Algeciras no es grande. Puede estar en torno a los dos o tres años de media.
—Ledesma: Desde el punto de vista laboral es comprensible que el que no es de aquí siempre tiende a querer volver a donde está su origen, como en cualquier otro sitio. De lo que se trata a mi entender es de hacer que laboralmente sea un destino atractivo, así se incentiva la permanencia.
—Oteros: Es verdad que hay mucha movilidad en Algeciras. Hay que tener en cuenta, no obstante, que los jueces, cada vez que acceden a la carrera judicial por oposición, tienen la obligación de pasar un mínimo de dos años en el destino asignado. A mí me ha sorprendido mucho, en el tiempo que llevo aquí, la cantidad de comidas de despedida que hemos tenido (risas).
—Uno de los motivos que se aducen es la inusual carga de trabajo, ¿es así en los juzgados que ustedes representan?
—Del Castillo: En el ámbito de la instrucción, el principal problema es la saturación de asuntos en las guardias. En la última semana, se ha puesto a disposición judicial a más de 200 personas, un dato equiparable a Sevilla y Málaga, pero tenemos los mismos medios que San Roque o La Línea. Se asumen muchas decisiones, y en muy poco tiempo. Pero tenemos un personal excelente. A veces me sorprende ver que puedan despachar a 35-36 personas en una sola mañana. Tomamos la dinámica de otros partidos judiciales de grandes capitales. Debería haber más jueces para el servicio de guardias, más que otro juzgado de Instrucción.
—Ledesma: A nivel de categoría, retribución y medios, se nos considera en la cuarta categoría; y en determinados ámbitos jurisdiccionales, el nivel de litigación está al menos en un tercer escalón, basta con comparar la población respecto de la que repercuten nuestras resoluciones judiciales y compararlas con otros partidos judiciales. Hay muy pocos jueces que no se tengan que llevar el trabajo a sus casas. Si no, no salen los asuntos.
—Roa: Lo que hay son pocos jueces, más que juzgados saturados. Lo del servicio de guardia no tiene parangón. Es un servicio de guardia ininterrumpido de ocho días. A las cuatro de la mañana puedes hacer el levantamiento de un cadáver y a primera hora de la mañana presidir una vista por un juicio de faltas, y ello sin periodos de descanso. Esta carga de trabajo es igual para nosotros, fiscales y funcionarios. Gracias a la colaboración de todos, sale bien.
—¿Qué opinan del nuevo régimen de sustituciones previsto?
—Roa: Nos preocupa mucho este asunto. La supresión de los jueces sustitutos provocaría en la práctica que esas plazas no se cubrieran y que nosotros nos tengamos que hacer cargo de otro juzgado más. Todo afecta a la productividad del juzgado y al personal. Hay unos 5.000 jueces en España, y que de ellos 1.300 son sustitutos. También está, en general, el tema de cubrir las vacantes. Esperamos un mes para cubrirlas. No me parece serio. Es el trasfondo de que la Justicia es la hermana pobre, no hay interés porque quizás no damos tantos votos como la Sanidad. Nosotros lo que queremos es prestar un servicio público de calidad.
—Oteros:Con las condiciones actuales del funcionamiento de la Justicia, los sustitutos son completamente necesarios. Hay otro elemento que es el de los jueces en prácticas. La normativa nueva introduce que se prolongue el periodo de prácticas en nueve meses. La situación provocará que se hagan cargo de juzgados por un sueldo de prácticas hasta más de dos años.
—¿Qué sería necesario para agilizar la justicia y mejorar su efectividad?
—Del Castillo: Unificar los criterios sería lo ideal para agilizar la Administración de Justicia. Sería preceptivo propiciar una reunión entre el Consejo General del Poder Judicial y las administraciones, tanto estatal como autonómica, para propiciar un sistema único, estándar, con el que funcionar.
—Ledesma: Empecinarse con que cada lugar disponga de un sistema, ya sea Adriano, Minerva o Ulises, no lleva a ninguna parte. Tener un sistema unificado es simplemente una cuestión de tener las herramientas adecuadas a tu alcance. Luego, asuntos como lo del expediente electrónico (muestra una carpeta en la que se recoge un asunto judicial) si antes era difícil ahora es utópico, pero es a lo que se debe tender, y para ello las Administraciones competentes deben dotarnos de medios, empezando por un sencillo escáner, y siguiendo por potenciar las notificaciones vía electrónica.
—Roa: A todo ello se añade que los medios informáticos son insuficientes, y que los métodos de trabajo no se renuevan. Los modelos están antiguos y desfasados.
—¿Qué opinan de la reordenación de los partidos judiciales, que dejaría uno solo en la comarca, para Algeciras?
—Ledesma: Una reestructuración es necesaria. A principios del siglo XX, las comunicaciones eran diferentes. Si un ciudadano de La Línea tardaba antes mucho en poder llegar a Algeciras, o viceversa, ahora esos tiempos se han reducido a 20 minutos. La actual planta no es acorde a la realidad social y de infraestructuras actual.
—Roa: Hoy día, se acumulan jurisdicciones en el plano civil y penal.
—¿Creen que pueda estar en peligro la independencia de los jueces con estas reformas?
—Del Castillo: Cada juez, en un sistema ideal, debería actuar conforme a su criterio, de forma independiente, sin temer que las instancias superiores puedan revocar su decisión conforme a criterios imprevisibles, algo que las reformas previstas hacen temer como más que posible, para perjuicio del sistema.
—Roa: Debería existir autonomía presupuestaria del CGPJ, porque, si no, seguimos condicionados a la voluntad política. En determinados ámbitos, los nombramientos de cargos por parte de políticos no tiene sentido.
—¿Consideran como un ataque las últimas declaraciones del ministro Gallardón, que justifica las protestas de los jueces con que les hayan quitado días de asuntos propios y la paga extra?
—Roa: Me molesta sobre todo que digan que no tenemos sensibilidad con la situación. Nos solidarizamos, por supuesto, como todo el mundo, pero con un mínimo de dignidad.
—Ante la perspectiva de la no creación de nuevos órganos judiciales y la lejanía del proyecto de la Ciudad de la Justicia, ¿qué recursos creen que pueda necesitar la Administración de Justicia en el partido judicial de Algeciras?
—Del Castillo: Debería de haber más jueces de guardia, más que otros juzgados de Instrucción, por ejemplo.
—Oteros: Tendría que haber, al menos, un segundo juzgado de lo social. Estamos saturados para hacer el trabajo, a pesar de contar con una plantilla magnífica para sacar el trabajo adelante.
—Roa: Hay que buscar fórmulas que no resulten con costes muy grandes. Más jueces y refuerzos temporales, e incluso establecer fórmulas para adelantar trabajo por las tardes. Así, los juzgados españoles se ponían al día rápido.
—Ledesma: Está la fórmula de los jueces de refuerzo, que no celebran vistas, pero ayudan a adelantar trabajo. Respecto a la Ciudad de la Justicia, tomando el ejemplo de la Ciudad de la Justicia de Málaga, se agiliza todo y funciona muy bien. El abogado que tiene un asunto de lo social y después otro de lo contencioso lo puede hacer todo en la misma planta.
—Oteros: En efecto. De hecho, tenemos un refuerzo nosotros aquí, en el Juzgado de lo Social de Algeciras. Es como un segundo juzgado, pero con el mismo personal. Suelen durar unos seis meses y en nuestro caso acaba en marzo o abril.
—Entrando en las polémicas reformas del ministerio, ¿qué opinan de las tasas judiciales?
—Del Castillo: Hay variedad de criterios, pero la mayoría coincide en que son desproporcionadas y que no han sido introducidas con criterios de progresividad, de modo que, en la práctica, el modo en que se han introducido favorecerá de facto a personas físicas o empresas con mayores recursos.
—Roa: Las tasas ya existían. Ahora, me llama la atención que, por ejemplo, se impongan 800 euros para un recurso de apelación. Esto te da a pensar que muchas de las decisiones judiciales no se van a recurrir.
—Ledesma: Ahora, con este sistema, el pago de la tasa se debe acreditar casi con el primer papel que presentarás en el juzgado. El derecho a la tutela judicial es un derecho fundamental, y no sólo no un servicio público. Estas cuantías no están muy acorde con la situación económica actual en la que estamos.
—Oteros: “Nosotros sí que apreciamos un uso excesivo de los juzgados, que ya se puede sancionar, y, de hecho, yo mismo, desde el ámbito que funcionamos, aplico estas sanciones cuando se han hecho demandas reiterativas sin fundamento. En estos casos, deberían ser los propios abogados los que aconsejasen a su cliente.
