Las relaciones entre el Ayuntamiento de Ronda y la Junta de Andalucía parecen totalmente rotas tras decidir el Gobierno regional que no recurriría la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta que aprobó el Plan Parcial de Ordenación (PPO) para el proyecto de Los Merinos.
Sin que haya otro pronunciamiento oficial de la Junta más que las declaraciones que el lunes pasado hizo la parlamentaria de IU Lola Quintana en una visita a Ronda, la alcaldesa de la ciudad, Mari Paz Fernández, y el concejal de Obras, Daniel Harillo, mostraron este miércoles su indignación "ante un silencio que no podemos ni queremos comprender", afirmó la alcaldesa.
Fernández hizo estas declaraciones tras anunciar que el Ayuntamiento, como indicó en su día, ha presentado finalmente el curso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del TSJA: "El Ayuntamiento actúa porque estamos legitimados para ello, ya que somos parte demandada", refirió la alcaldesa. Por su parte, el concejal de Obras, Daniel Harillo, añadió que "es incoherente, incongruente y poco responsable”, dijo, ya que "fue la Junta, a través de la Comisión Provincial de Urbanismo, la que aprobó de forma definitiva este proyecto y existe una responsabilidad patrimonial de cerca de 500 millones de euros de todos los andaluces, que pagarán los andaluces si el recurso no prospera”, añadió, para advertir que "llegaremos hasta donde tengamos que llegar, y actuaremos contra la Junta si es necesario". Añadió la alcaldesa que "no se entiende que una admiistración que ha apoyado el proyecto durante 15 años diga al año 16 que no lo apoya". Es por ello que el Ayuntamiento anuncia que no descarta actuar judicialmente contra la Junta de Andalucía "por daños y perjuicios", según precisaron los responsables municipales.
Fernández, que dijo "no entender el silencio y la cobardía de los socialistas", acusó además al PSOE de ser "un rehén de Izquierda Unida, puesto que ha vendido los intereses generales a los sillones del Gobierno", y añadió que "el delegado del Gobierno en Málaga, el señor Ruiz Espejo, ha escondido la cabeza como las avestruces". Preguntada por si la opinión del delegado cambió en la última semana y media, Fernández no dudó en asegurar que "en un principio, la Junta tenía mucha disposición a recurrir, pero pasaron los días y, entendemos que por la acción de Izquierda Unida, dejaron de ponerse en contacto con nosotros para no decir nada más", aseguró.
LOS ARGUMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
Los servicios jurídicos municipales han basado los argumentos del recurso de casación en el hecho de que en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la promotora, estaba previsto hacer viable la utilización de los recursos hídricos propios con la creación de una infraestructura para la conducción del agua.
También se argumenta que la sentencia del TSJA se apoya en un informe de la Consejería de Medio Ambiente que fue emitido en febrero de 2006, sobre una normativa legal que no estaba en vigor en el año 1995, que fue cuando se aprobó el Plan Parcial. “Ello va en contra del principio de temporalidad de las normas, ya que se atiende a un alegato efectuado más de diez años después, lo que justifica que la sentencia sea recurrida y anulada”, se mantiene en el recurso.
