El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz acoge el próximo lunes el juicio por la supuesta construcción ilegal de una urbanización en el Pinar de Coig, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. En el banquillo de los acusados se sentarán Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez, quienes fueran, respectivamente, alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento portuense, ambos del partido Independientes Portuenses (IP).
Fuentes judiciales han recordado a Europa Press que el juicio estaba previsto inicialmente para el pasado 11 de marzo, si bien la vista fue suspendida y aplazada para este lunes. La Fiscalía pide dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno de los acusados.
El origen del caso se remonta a 2005, cuando Ecologistas en Acción lo denunció ante la Fiscalía por un supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Así, el fiscal indica en su escrito que los acusados omitieron las medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística vulnerada en la zona del Pinar de Coig, que el Plan de Ordenación General Urbana (PGOU) vigente catalogaba como sistema general de espacios libres y se estaban llevando a cabo obras de edificación de viviendas.
El fiscal añade que la omisión de medidas concretas se vio reforzada por actuaciones de los acusados, tales como la solicitud de suministros básicos para la zona. Además, en abril de 2005 se llegó a remitir a la compañía Sevillana de Electricidad un proyecto de red subterránea de baja tensión para dar suministro eléctrica a las 30 parcelas de la zona.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha expresado su "satisfacción" al comprobar que "un caso denunciado hace más de siete años llegue a término, al comprobarse la veracidad de la denuncia, que hemos mantenido a pesar de las enorme presiones que hemos sufrido por denunciar unos hechos delictivos".
Finalmente, el colectivo ecologista ha asegurado que seguirá defendiendo "que se proceda a la demolición de la totalidad de esta urbanización ilegal y se restaure el pinar de Coig para parque público, según prescribe el PGOU y el POT de la Bahía de Cádiz".
