La provincia de Cádiz ha registrado más de 52.000 asistencias de justicia gratuita durante el pasado año 2011, según los datos ofrecidos a Europa Press por la Consejería de Justicia e Interior, encargada de financiar estas actuaciones. Este servicio es ofrecido por los letrados del Colegio de Abogados de Cádiz a través de los turnos de oficio y la asistencia en los juzgados de guardia.
En concreto, el turno de oficio en Cádiz resolvió 25.855 procedimientos en 2011, mientras que las asistencias en el turno de guardias alcanzaron las 26.262. A nivel andaluz, el número de beneficiarios de los servicios de asistencia jurídica gratuita se ha multiplicado por diez en los últimos 15 años, pasando de las 30.000 personas atendidas por los letrados y procuradores de oficio a fecha del traspaso de competencias de Justicia en 1997 a las casi 300.000 que se atendieron el año pasado en la Comunidad Autónoma.
La Junta de Andalucía quiere mostrar su firme compromiso con la prestación del servicio pese a la difícil situación económica, ya que se trata de un derecho esencial e irrenunciable que contribuye a garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la Justicia.
Desde 1997, la Administración autonómica ha destinado 334 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos económicos suficientes. La Junta ha trabajado por la mejora de la calidad de este servicio y su especialización con la creación de turnos de oficio específicos en aquellas áreas de interés social como es la atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.
En este sentido, la Consejería de Justicia e Interior también ha multiplicado por diez el presupuesto consignado para responder a las necesidades de los turnos de oficio y las asistencias en las guardias desde que asumió las competencias, puesto que en el año 97 eran 4,7 los millones de euros destinados a este servicio por los 44 millones de euros previstos para este 2012.
El Gobierno andaluz, a pesar del contexto económico actual, tiene la voluntad de asegurar el sostenimiento económico de este servicio. Por ello, la Consejería mantiene un contacto directo con los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores con el fin de solucionar las dificultades que puedan surgir y poder ofrecer una justicia rápida y cercana al ciudadano.
