El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado en relación con la causa por la que se investiga al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, por las actividades del instituto Nóos que "ni existe ni va a existir ningún tipo de conformidad" porque ha dado órdenes "claras y tajantes" de que así sea mientras el asunto se esté instruyendo por el juez de Palma de Mallorca José Castro.
Torres-Dulce ha subrayado en una entrevista a Europa Press que otra cosa diferente es que el Ministerio Fiscal escuche cualquier propuesta que los abogados de las diferentes partes personadas en este proceso puedan hacer.
"Pero simplemente será recibirlos y escuchar", según el principal representante del Ministerio Público, que ha añadido que las informaciones que hablan de un posible pacto para evitar la prisión del yerno de Rey pueden querer buscar "ruido mediático, unas finalidades que no son las estrictamente procesales".
Preguntado por cuáles puedes ser estas finalidades, Torres-Dulce ha señalado que no las conoce, pero que hay que comprender que "cuando no se puede negociar nada porque se está investigando y además se da pábulo a ello en los medios de comunicación, hay que entender que una finalidad estrictamente procesal no se puede estar buscando".
El fiscal general del Estado ha insistido en que los fiscales Anticorrupción adscritos al caso "no quieren ni pretenden ninguna conformidad en este asunto", y que si en el futuro se actúa en este sentido se hará respecto a la calificación jurídica que hiciera el Ministerio Fiscal "si hubiere lugar desde el punto de vista penal".
Lo que sí reconoce Torres-Dulce es una petición de la defensa del socio de Urdangarín, Diego Torres, para reunirse con los fiscales del caso y "expresar algunos deseos futuros". "Pero por parte de la Fiscalía ni se ha negociado ni se va a negociar nada con respecto a conformidades -ha insistido- En primer lugar y fundamentalmente porque se siguen investigando los hechos, y estando abiertos a más posibilidades de investigación resulta absurdo plantear una conformidad que habría que hacer cuando los hechos están totalmente cerrados".
CORREOS EN LOS QUE APARECE EL REY
Sobre los correos que la defensa de Diego Torres dice tener y que podrían implicar tanto a la infanta Cristina como al Rey Juan Carlos, Torres-Dulce ha afirmado que ignora tanto su existencia como su contenido, pero que "partes que participan en un proceso penal tienen derecho pleno a presentar cuántos elementos legítimos de defensa pudieran entender".
Ha añadido que el Ministerio Fiscal no se va a oponer a ningún elemento legítimo de defensa "ni tiene miedo, por decirlo de alguna forma, a la presentación de dichos elementos de defensa". La aportación de documentos es derecho de la defensa, además de su deber, "y el Ministerio Fiscal está para velar para que ese derecho de defensa se respete en su integridad".
El fiscal general del Estado ha afirmado que siente "el mayor respeto y admiración" por la institución de la monarquía "y muy especialmente por Don Juan Carlos, el rey de España", y que cualquier elemento que pudiera salir va a ser tratado, por parte del Ministerio Fiscal "de forma absolutamente imparcial, atendiendo a las finalidad del proceso, que es la indagación de la verdad a través de los medios legalmente previstos".
INFANTA
Torres Dulce también se ha referido a las quejas de la defensa de Torres en el sentido de que su mujer esté imputada en el caso y no se haya hecho lo mismo con la infanta Cristina.
Así, ha aclarado que según la información que le han suministrado tanto el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, como los fiscales adscritos al caso, Pedro Horrach y Joan Carrau, en el momento en que la acusación popular lo pidió "no había dentro del proceso ningún dato que permitiera la incriminación de la infanta Cristina en actividades de tipo delictivo".
La decisión de no imputar a la infanta fue "como debe ser, absolutamente autónoma" de los fiscales del caso, según el máximo representante del Ministerio Público, y él "sólo recibió su trasmisión".
"Lo digo porque en algún medio de comunicación se dijo que yo dí alguna instrucción al respecto, y era una decisión que hubiera podido dar tras analizar los hechos, pero fueron los propios fiscales los que así lo expresaron con criterio absolutamente autónomo", ha insistido.
Según Torres-Dulce, los hechos que se están persiguiendo "requieren una participación activa" y hasta el momento, "por parte de la infanta Cristina no se ha acreditado una participación efectiva y real en tales hechos".
La actividad en dichas sociedades por parte de la infanta Cristina de la que se ha hablado "no tiene relevancia penal de ningún tipo", según el fiscal general. No ocurre lo mismo respecto de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, sobre quien sí se ha podido entender "que su participación es efectiva y real en los negocios que tienen trascendencia penal"
La participación de la infanta por el momento, según la información de que dispone Torres-Dulce, no ha sobrepasado el hecho de ser partícipe de determinadas sociedad. "Doña Cristina hasta este momento, desde el punto de vista de las investigaciones penales, no ha rebasado el criterio de la mera partícipe societaria de esas actividades", ha insistido
Torres-Dulce ordena depurar las responsabilidades penales por la gestión de cajas de ahorro
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren "todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro" y se examine, entre otros asuntos, "si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo".
Así lo ha asegurado el fiscal general en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha calificado de "varias y variadas" las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas.
Ha concretado que entre los organismos investigados no se encuentra "de momento" Bankia, aunque "otra cosa es que pueda haberlo en el futuro" y que tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España.
BANKIA
"En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Banckia de la que yo tenga noticia, otra cosa es que pueda haberla en el futuro -ha concretado-. Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no".
Torres-Dulce ha añadido que él es "muy beligerante" en todos los casos de corrupción y que los seguirá siendo por ser un asunto que le preocupa "extraordinariamente". No obstante, ha declinado señalar asuntos concretos "por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación". Ha añadido que "se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía".
PETICIÓN AL BANCO DE ESPAÑA
"Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido", ha añadido Torres-Dulce, que ha insistido en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita "con mayor presteza".
"No se trata de falta de colaboración", según el fiscal general, que reclama celeridad para poder ejercer "un mayor ritmo investigador". El principal representante del Ministerio Público ha explicado que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una "mayor rapidez en las respuesta a determinados tipos de procesos".
Según ha podido adelantar, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. "Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal", ha señalado Torres-Dulce.
"Este campo, el penal, es relativamente restringido, luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable, o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario" se están investigando, según explica el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas "o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación".
NO HABRÁ INQUISICIÓN GENERAL
Torres-Dulce ha señalado que lo que Anticorrupción no puede hacer es una inquisición general, que está prohibida por la Constitución. "No vamos a investigar todo lo que haya hecho la 'Caja X', sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal", ha concretado.
Respecto del gobernador del Banco de España, el fiscal general ha señalado: "Sobre Fernández Ordóñez, que por otra parte me merece la mayor de las consideraciones, no hay ninguna investigación abierta -ha añadido el fiscal general-. Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave".
CORRUPCIÓN
Preguntado por la anunciada redacción por su parte de una circular referida al tema de la corrupción, Torres-Dulce ha anunciado que será la primera que firme como fiscal general y tendrá que ver "con el fiscal como instrumento imparcial del derecho y garante de los derechos fundamentales".
Ha advertido que el los últimos tiempos "está muy presente" la urbanística o inmobiliaria, la política y la referida a "financiación de partidos políticos", pero también existen otros casos "que conviene no olvidar, como son los de blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas con una presencia en Europa Occidental extremadamente preocupante".
Este tipo de corrupción, según Torres-Dulce, "empieza a enquistarse en la sociedad y produce unos efectos devastadores".
Para luchar contra estas situaciones, la Fiscalía General impulsará la denominada Oficina de Recuperación de Activos, para organizar los comisos derivados de las intervenciones a estas mafias.
El fiscal general ha insistido en que se debe ser muy respetuoso con los derechos fundamentales y con las garantías procesales, porque no se puede "intentar conseguir una condena como sea", sino a través de los medios legales.
"En algún caso ese respeto puede hacer ineficaz el proceso, pero es que esa es la garantía que nos hemos dado todos en el Estado de Derecho -ha añadido- No me gusta nada que al Ministerio Fiscal se le pueda acusar de perseguir a los culpables con olvido de las garantías y derechos fundamentales".
