La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha declarado en desamparo a un menor nacido el pasado 25 de enero y retirado la custodia a sus padres, con discapacidad psíquica, al entender que ha existido "maltrato prenatal" por "falta de control en el embarazo".
La decisión no es compartida por los progenitores, que han pedido al Juzgado de Primera Instancia número 16 de Granada que deje sin efecto la resolución por la que se declaró en desamparo provisional al recién nacido, que ha sido acogido de manera urgente por otra familia, tal y como publica este lunes el diario 'Granada Hoy', que avanza la noticia.
El abogado de los padres, Félix Ángel Martín García, ha explicado a Europa Press que la decisión de la Junta no ha sido comunicada a los padres, que ni siquiera han tenido tiempo de inscribir al menor en el Registro Civil como hijo propio, ya que dos funcionarios de Asuntos Sociales se llevaron al niño tan sólo cinco días después de nacer, cuando la madre, que padece una minusvalía psíquica del 70 por ciento, le estaba dando el pecho en el Hospital Materno-Infantil de Granada.
La pareja ya tuvo una niña hace cinco años que fue declarada también en desamparo y que fue entregada en acogimiento definitivo a la hermana de la madre, por lo que en este caso, según el letrado, también se tendría que haber tenido en cuenta que los padres tienen a familiares, concretamente los tíos abuelos del niño, que podrían hacerse cargo de él. "En primer lugar, la Junta tendría que haber preguntado si alguien de su familia se podía hacer cargo del niño y no entregárselo a una familia de desconocidos", ha incidido Martín García.
La Junta de Andalucía justifica su decisión en la incapacidad de los padres --él tiene también un retraso mental, aunque no diagnosticado-- y en la "falta de control" de la madre durante el embarazo, ya que no acudió a todas las citas médicas necesarias de control de la gestación, lo que considera un "maltrato prenatal".
Fuentes de la Administración autonómica han indicado a Europa Press que la decisión está avalada por resolución judicial y fue tomada por una comisión técnica con profesionales de distintas especialidades, aunque han rehusado pronunciarse con más detalles sobre este asunto puesto que afecta a un menor de edad.
