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La oposición arremete contra Landaluce por querer apelar la sentencia sobre la fiscalidad del Peñón

Creen que el dinero que costaría la apelación debería invertirse en otros proyectos, como frenar el paro

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Aseguraba ayer la oposición socialista liberal gibraltareña que quedaba claro que el miembro del Partido Popular por Cádiz, José Ignacio Landaluce, no sabía de qué hablaba cuando instaba al Gobierno español a apelar la reciente decisión del Tribunal Europeo sobre asuntos de fiscalidad, que venía a confirmar la postura del Peñón tal y como “nosotros siempre hemos sabido que era”.

La coalición se refiere a las declaraciones de Landaluce cuando señala que a España le queda un mes para apelar la sentencia y que el Gobierno de Madrid debe hacerlo para mostrar su negativa a la decisión tomada por el Tribunal Europeo de Primera Instancia. “Landaluce ha acusado a Gibraltar de ser un paraíso fiscal opaco”, añade la oposición.

Es obvio para socialistas y liberales y a su criterio para cualquier persona que haya seguido este asunto, que si España decide apelar la decisión de este Tribunal, perderá. “Los miles de euros que una apelación costarían a España, serian mejor gastados en otros proyectos, incluyendo hacer algo para frenar su nivel de desempleo que se espera alcance la marca de cuatro millones este año”.

Ignorancia
Los políticos españoles como es usual, prosigue la oposición gibraltareña, muestran una completa ignorancia sobre Gibraltar y sobre su desarrollo constitucional y político, que ha sido siempre independiente y distinto del Reino Unido. “Esto también se aplica al tema de la fiscalidad”, matizan socialistas y liberales, señalando que en el año 1973 cuando Gibraltar se unió a la Comunidad Europea, lo hizo con una estructura fiscal y política distinta y separada. “Esto se aceptó entonces por Europa y la realidad es, le guste a España o no, que Gibraltar es a todos los propósitos, un estado miembro en los términos de la autonomía nacional que tiene sobre su sistema fiscal, que es la misma que disfruta el Reino de España y totalmente diferente del que disfrutan las regiones españolas. Este análisis cuenta ahora con el respaldo del Tribunal Europeo de Primera Instancia”.

Concluían socialistas y liberales resaltando que si el estado español decide gastar el dinero de los contribuyentes españoles en analizar la validez de esta decisión europea, entonces “además de gastarse el dinero le estarán haciendo un favor a Gibraltar porque el resultado reafirmará la postura que ya conocemos”.

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