"Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto de que hay personas europeas que tiene más derechos sanitarios que muchos españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inteterritorial de Sanidad.
De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
Así, el Gobierno además de atender a una "demanda social", conseguirá ahorrar, aproximadamente, teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas del año 2011, unos 1.000 millones de euros que "es lo que se está gastando de más en este tipo de prestación sanitaria".
Esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".
Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que viene a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".
Con el mismo objetivo, se va a modificar el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería para clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de modo que quienes viene de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.
De este modo, explica, se pretende evitar que "con una misma tarjeta sanitaria vengan 5 ó 6 personas de una misma familia solo a utilizar la asistencia sanitaria española y se vuelvan a su país".
Para evitarlo, se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado. De este modo, España podrá facturar de manera rápida y directa al país de origen, del mismo modo que sucede con los españoles que viajan al extranjero. "Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España", ha señalado Mato.
