IU-CA, en ese sentido, ha señalado a Europa Press que el ERE promovido por la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla responde a la finalización de "contratos asociados a proyectos sociales y de cooperación" que, desde la 'Fundación DeSevilla' se desarrollaban durante el mandato anterior y "cuya eliminación había anunciado por activa y por pasiva" el nuevo alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido (PP), tanto antes como después de las últimas elecciones municipales. El procedimiento, según explica IU-CA, se atiene a la "legalidad vigente", pues el Estatuto de los Trabajadores estipula que si el número de contratos a extinguir es superior a diez --en empresas con menos de 100 empleados, como era el caso--, se considera un despido colectivo y debe solicitarse autorización conforme al procedimiento de regulación de empleo. Por tanto, el inicio de un despido colectivo, bajo la figura del expediente de regulación de empleo, "no es una opción a decidir, sino una exigencia legal conforme a la regulación laboral vigente".
SIN AYUDAS PARA SU FINANCIACIÓN
A partir de esta premisa, los concejales de IU-CA defienden que ninguno de los trabajadores acogidos a este ERE ha disfrutado de "una medida extraordinaria o graciosa acordada en connivencia con la Junta de Andalucía", pues las indemnizaciones resueltas para los empleados adheridos al expediente de regulación de empleo "ascienden a la cantidad estipulada en el Estatuto de los Trabajadores, de 20 días por año trabajado". "No se percibió para el pago de estas indemnizaciones ayudas ni autonómicas ni estatales, provenían de fondos de la Fundación", aclara la federación de izquierdas en cuanto a la financiación del procedimiento.
Para IU-CA, "esta extinción debía producirse antes o después, ya que los proyectos sociales no iban a continuar, no pareciendo responsable el mantenimiento de las relaciones laborales, con el consiguiente cargo a los fondos de la Fundación en concepto de costes salariales durante el periodo de transición de gobierno". "Solo desde que se autorizó el ERE el pasado 30 de junio, hasta la fecha, el coste de los salarios de los trabajadores despedidos hubiera supuesto más que la indemnización que han percibido, que en cualquier caso la hubieran seguido percibiendo aunque el despido hubiera sido ordenado por el actual Gobierno municipal del PP", señala la coalición.
INFORMADO EL GOBIERNO MUNICIPAL
IU-CA defiende que el despido colectivo comenzó su tramitación tras las elecciones municipales pero sin "prisas". "La información al nuevo Gobierno municipal se le entrega desde la primera reunión celebrada con la anterior dirección de la Fundación, encuentro solicitado por ésta escasos días después de los comicios locales", señala la coalición, que niega cualquier contraprestación por un "pacto político" a través de este procedimiento. El ERE, según defiende IU-CA, "afecta a los trabajadores vinculados a los proyectos sociales, que terminaban con el mandato municipal anterior".
"El PP ya no sabe qué inventar para desviar la atención de su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Si bien en esta ocasión ha llegado demasiado lejos, al pretender relacionar este asunto con el escándalo de la trama de los ERE de la Junta", dice la coalición desmarcando este procedimiento de la trama de prejubilaciones fradulentas investigada en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos. "Rechazamos esta acusación patética y kafkiana lanzada por el PP con una clara intencionalidad electoral, bajo la práctica del todo vale al que este partido, lamentablemente, ya nos tiene acostumbrados", concluye la federación de izquierdas.
