En el territorio convertido en zona de exclusión vivían unas 80.000 personas antes del devastador tsunami del 11 de marzo, que desencadenó una grave crisis nuclear al paralizar el sistema de refrigeración de la central de Daiichi. La mayoría de los vecinos fueron evacuados tras el desastre, pero todavía hay algunos, en su mayoría ancianos, que se resisten a dejar sus hogares.
A falta de una cifra oficial, medios locales calculan en más de medio centenar las casas de la zona que siguen ocupadas y que ahora podrán ser desalojadas en virtud de la nueva orden. La urgencia de la situación del 11 de marzo hizo además que los vecinos dejaran atrás documentos de identidad, dinero, libretas bancarias o pasaportes, por lo que en las últimas semanas muchos habían regresado para recuperarlos, según la cadena pública NHK.
Por eso, pese a la nueva prohibición de paso, el Gobierno ha asegurado que concederá permisos especiales para que los residentes puedan entrar brevemente en la zona de exclusión para recobrar sus pertenencias. Los permisos se darán a un solo miembro de cada familia, que podrá estar en el área un máximo de dos horas, enfundado en un traje protector y con un dosímetro para medir la radiación.
Aquellos que entren estarán acompañados por expertos de la central nuclear y, al salir de la zona, serán sometidos a un examen de radiactividad, detalló el ministro portavoz, Yukio Edano, en una rueda de prensa.
