Numerosas organizaciones profesionales, científicas, laborales, políticas, sociales y administrativas, impulsadas por el Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) han hecho público un manifiesto en el que reivindican la consideración como delito de atentado contra la autoridad de las agresiones que sufren en su trabajo diario.
Este acto de puertas abiertas se celebró en el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, simbolizado por un lazo dorado y que este año tiene por lema “Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”.
Esta efeméride se instauró a raíz del asesinato en Murcia de la doctora María Eugenia Moreno, aunque el incremento de la violencia en el sector ha vuelto a saltar a la actualidad después de que un hombre atacara con un hacha a tres trabajadoras en Fuenlabrada.
El presidente del Cgcom, Juan José Rodríguez Sendín, recordó que la Justicia en España “no es lo que más brilla ni más esplendor tiene” y, por ello, exigió “mayor protección jurídica” para el colectivo sanitario.
Rodríguez Sendín calificó de “claramente insuficiente” la referencia que emitió la Fiscalía General del Estado para que se consideren delito a autoridad pública las agresiones a funcionarios “en el momento” en el que están desarrollando su trabajo.
Esto deja fuera a todos los profesionales sanitarios que no sean funcionarios y en total impunidad los actos violentos que sufran fuera de su horario laboral, mientras que tampoco se ha implementado ningún tipo de medida para acortar los “tres años” que transcurren desde que se presenta la denuncia hasta que se resuelve.
El presidente de la OMC pidió a los sanitarios que denuncien ante sus colegios estas situaciones de acoso porque es la única manera de elaborar un registro y de hacer un mapa claro sobre el problema, para que pueda ser prevenido y combatido acertadamente.
Según los datos del Observatorio de Agresiones de la OMC, en 2010 se registraron un total de 451 actos violentos, un cifra no representativa del global real porque “el miedo” paraliza a los sanitarios ante los ataques verbales y físicos que padecen.
En el sistema público, el afectado se va a ver obligado a seguir tratando al paciente agresivo y “si no tiene la seguridad de que se lo van a quitar de encima, probablemente decida no denunciar”.
Esto causa una “inhibición” y una “ansiedad” que se reproduce “día tras día”, lo que termina por tener “terribles” consecuencias en los empleados del sector, relató Rodríguez Sendín.
Por eso, esgrimió que si la protección jurídica se incrementara y “hubiera una capacidad de respuesta, con las garantías precisas” de que no tendrán que seguir atendiendo a esos ciudadanos, las denuncias aumentarían notablemente.
Julián Ezquerra, portavoz de la CESM, aseveró que actualmente presentar una denuncia “no está incentivado, sino todo lo contrario”, ya que el profesional “tiene que recorrer un duro camino, sin ayudas”.
“La Administración parece que se inhibe, nadie le quiere ayudar, no tiene apoyos ni físicos ni psicológicos ni materiales, todo son trabas”, alegó Ezquerra, quien dijo que esto demuestra que las autoridades no lo consideran un “problema grave”.
A su juicio, la Administración tiene que hacerse “cómplice” de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y “acompañarlos” para que el camino de la denuncia sea “mucho más sencillo”.
Los representantes denunciaron la extensión de una “mentalidad individualista” que entiende cualquier recurso público como un bien de consumo.
