El fiscal encargado del caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), ha sostenido que en esta causa se han cometido delitos "y otros abusos en el ejercicio de la función pública, que son los llamados delitos de corrupción", que se traducen en unas prácticas supuestamente irregulares relacionadas con los convenios y con la creación de una Caja B, que llevaron al "desfalco" del Consistorio.
Está previsto que las sesiones del juicio continúen esta semana, en concreto este miércoles y el jueves; y también la próxima, cuando la previsión es que comiencen los informes finales de las defensas de los acusados.
"Se produjo un desfalco en toda regla", ha asegurado el fiscal Anticorrupción en el primer día de su informe final del juicio, en el que ha mantenido la acusación para 37 personas, entre ellas el exalcalde Antonio Barrientos, así como exresponsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES); empresarios y funcionarios, por delitos de cohecho, malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
Según el representante de la acusación pública en su exposición, estos delitos investigados, relativos al periodo 2003-2008, --cuando estalló la operación policial--, "se articulan en torno al elemento común de la instrumentalización del cargo público, infringiendo los principios de legalidad con el fin de obtener unos beneficios propios o para terceros".
Estas prácticas, ha dicho, eran "frecuentes" en ese contexto social y político que vivía España. Al respecto, ha señalado que "había una reacción social discreta" ante la corrupción urbanística en el ámbito municipal, debido a un "discurso político engañoso" que se justificaba en un crecimiento económico y de la atracción de inversión.
Para el fiscal, la existencia de la Caja B "siempre ha estado en el centro de la investigación" y entiende que es "la razón de ser" de dichas prácticas supuestamente ilegales, al tiempo que ha considerado que "era fácil de organizar" en un momento de "auge urbanístico" en Estepona y por "la inoperancia de los mecanismos de control", por ejemplo, sobre los convenios urbanísticos.
Así, la acusación ha explicado que la Caja B resultaba de utilidad en primer lugar para las autoridades municipales "por el rédito político" que tenían por el manejo de esos fondos y también por la oportunidad que suponía de supuestamente seguir "desviando parte del dinero".
Pero ha afirmado que "también resultaba útil para el empresario pagador", porque así lograba "ventajas", al ganarse "la disposición de las autoridades" que debían impulsar trámites administrativos a su favor, y porque eran "el cauce idóneo para contabilizar gastos". Ha dicho que no duda de que eran "aportaciones voluntarias", aunque ha señalado que "hay pruebas que llevan a descartar la espontaneidad de las mismas".
Se ha referido a distintos tipos de convenios investigados, como los de planeamiento y los de gestión para la monetarización de aprovechamientos urbanísticos, y ha sostenido la "manipulación" que hubo, basándose en los peritos que hablan de infravaloración de los mismos; aunque en su exposición en esta sesión ha aludido, según fuentes del caso, a que por iniciativa del entonces alcalde los convenios fueron enviados a la Cámara de Cuentas y fiscalizados favorablemente.
El fiscal ha defendido la investigación realizada, aunque ha señalado la "dificultad" para realizarla, y también la denuncia presentada por los exediles David Valadez --que tras estallar el caso fue elegido alcalde de Estepona-- y Cristina Rodríguez, de los que ha dicho que "no tenían nada que ganar y mucho que perder" al presentarla y que aportaron "información coherente" y refrendada por documentación.
Al respecto, ha asegurado que en la denuncia se hablaba "de prácticas alarmantes" y situaciones que "quiero pensar que ahora serían impensables, pero que entonces muchos toleraban" y ha considerado que no tiene nada que ver con la que presentó ante la Fiscalía Barrientos que, en su opinión, "ocultó informaciones relevantes".
Sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que declaró como testigo en el juicio, ha asegurado que a través de la prueba practicada sobre su agenda y tras escuchar los audios, ha quedado claro que no tuvo nada que ver con la denuncia inicial, "no la forzó", y "nunca tuvo una posición relevante", eso sin perjuicio de que, ha dicho, vio opciones de negocio aprovechando información que obtenía por su posición en la Policía Nacional.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal ha mantenido la acusación para 37 procesados, incluido el exalcalde, pero ha rebajado de forma considerable todas las penas solicitadas, que no pasan de los dos años y medios de cárcel, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada.
Así, al exalcalde socialista le acusa de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, de otro de cohecho y de prevaricación, solicitando un total de dos años de cárcel, nueve años y tres meses de inhabilitación para cargo público y multa de 40.000 euros.
