determinados espacios habilitados para ello.
La nueva norma, planteada como una reforma de la ley vasca de drogodependencias, contó con un amplio consenso de todos los grupos, excepto del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que votó en contra al considerarla excesivamente restrictiva.
La ley, similar a la estatal, finalmente es menos restrictiva de lo que planteó en su proyecto el Gobierno Vasco, que incluso quiso que se prohibiera el consumo de tabaco en coches privados cuando en ellos viajasen niños o la venta de tabaco en gasolineras, dos aspectos que finalmente no se han recogido.
Pese a que la ley estatal no prohíbe el consumo de tabaco en recintos deportivos abiertos, la nueva normativa vasca sí lo hace en instalaciones deportivas o lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, “incluso al aire libre, cuando las actividades desarrolladas vayan dirigidas prioritariamente a las personas menores”.
Añade además que “cuando se encuentren al aire libre y no se desarrollen actividades prioritariamente dirigidas a menores, sólo se podrá fumar en el espacio o localidades específicamente habilitados para ello”.
La directora de Drogodependencias del Gobierno Vasco, Celina Pereda, explicó a los medios de comunicación que con este párrafo se pretende “empezar a debatir” en torno al consumo de tabaco en, por ejemplo, campos de fútbol, porque “una ley no es para que una costumbre se modifique de un día para otro”.
Parlamentarios que han participado en la elaboración del dictamen de la ley han precisado que una vez entre en vigor esta ley los clubes deportivos o los dueños de los campos de fútbol, por ejemplo, tendrán que determinar si todo el recinto está “habilitado” para poder fumar, con lo que no habría problema, o si establecen áreas para
fumadores.
Se ha incluido en el texto final que la administración potenciará y promoverá el “acceso a tratamientos de
deshabituación tabáquica, prioritariamente dirigidos a grupos de riesgo”.
Se ha incluido una disposición que obliga al Gobierno Vasco a que en el plazo de un año evalúe el impacto económico de la ley en el sector hostelero, “de modo que las administraciones públicas puedan articular, en su caso, medidas que contribuyan a la reducción de los posibles impactos negativos”.
