La Fiscalía de Málaga acusa a varias personas por delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública en relación con la gestión y el destino de los beneficios generados por negocios que supuestamente estarían relacionados con clubes de alterne de Málaga y Córdoba. La Audiencia de Málaga tiene previsto celebrar el juicio esta semana.
La causa comenzó a investigarse en 2009 y ya se juzgó en otra pieza separada a una veintena de personas por delitos contra los derechos de los trabajadores y prostitución. En ese caso los procesados fueron absueltos de este último delito, pero se condenó por el primero a los dos principales procesados, que también están acusados en esta causa por blanqueo y fraude fiscal.
De hecho, en la sentencia dictada en el anterior procedimiento por la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga se declaró probado que estos dos acusados eran uno el responsable de la explotación de los negocios de alterne, y el otro, "la persona que siempre actuaba bajo las órdenes y directrices del anterior con el fin de ocultar la presencia en la explotación de la actividad".
En dicha resolución se consideró aprobado que los responsables de los clubes "obtenían ingresos, esto es, se lucraban de la prostitución que era ejercida por las mujeres en los tres locales", pero indicaba que "no se ha acreditado que obtuviesen ingresos económicos explotando una situación de necesidad o vulnerabilidad que afectase a las mujeres".
En su momento, el fiscal sostenía en un escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que el responsable de los negocios se dedicaría a obtener "importantes ganancias" a través de los negocios de clubes de alterne "para luego ocultar al fisco la procedencia de los beneficios obtenidos y su verdadera cuantía, y posteriormente introducir el dinero no declarado en el tráfico comercial".
Para ello supuestamente utilizaba "un entramado de sociedades mercantiles que actuaban como un todo único". Una organización que le ha permitido explotar varios negocios de alterne y prostitución, utilizando para ello tres locales, uno de Málaga capital, otro en la localidad malagueña de Torremolinos y el tercero en la Carlota (Córdoba).
En esta causa por blanqueo y fraude fiscal, además de estos dos acusados están procesados otras cinco personas que para la acusación pública supuestamente realizarían distintos tipos de labores en la gestión de dichos negocios, unos siendo testaferros y otros, "ayudando en su condición de contables, moviendo el dinero en efectivo".
Según el fiscal, el dinero obtenido en la gestión de los negocios desplegados por los acusados o a través de sociedades y el dinero supuestamente ocultado a Hacienda se incorporaría al tráfico jurídico mediante la compra de inmuebles, vehículos, barcos, "con la finalidad de ocultar su verdadera procedencia".
Para el fiscal, se trata de delitos contra la Hacienda Pública, solicitando penas que varían desde los cinco a los tres años de prisión según el acusado; y de blanqueo de capitales, por el que pide que se le imponga entre cinco y dos años de cárcel dependiendo también del procesado.
Además, la acusación pública insta a que a cuatro de los acusados indemnicen de forma conjunta y solidariamente a Hacienda en casi seis millones de euros por las cuotas presuntamente defraudadas.
